En el documento no se precisa qué autoridades pudieron incurrir en un delito o bien, se niegan a acatar las recomendaciones emitidas por ese organismo, que sumarán 33 antes de que se termine 2019.
Según la misiva, en el año que está a punto de fenecer, ese organismo tuvo un importante incremento de quejas debido a dos factores como el cambio de administración y a que existe una mayor cultura de la denuncia en la entidad.
El presidente de la Codhey , Miguel Óscar Sabido Santana, dijo que las personas que consideran que son víctimas de una injusticia ya no se quedan calladas y exigen sus derechos.
Esto ha tenido como consecuencia más de 4 mil solicitudes de atención, de las cuales mil 899 han sido competencia de la Codhey, con mil 514 gestiones y 385 quejas; cuando en 2018, la cifra llegó a mil 261 entre ambos procedimientos.
Ante esta situación, el organismo autónomo interpuso diversas denuncias ante el Ministerio Público por considerar que, además de una presunta violación a los derechos humanos, los hechos señalados por los quejosos también podrían configurarse como un delito.
De los 385 expedientes de quejas, como en años pasados, la principal autoridad señalada como responsable de violaciones a los derechos humanos por los ciudadanos es la Secretaría de Seguridad Pública con 196 quejas; le sigue Kanasín, con 48; la Secretaría de Educación con 32; la Fiscalía General del Estado con 29; el Ayuntamiento de Progreso con 16; la Secretaría de Salud con 9 quejas; el Ayuntamiento de Mérida con 9; y Hunucmá, Izamal y Umán, con cinco cada uno, por mencionar algunas.
Entre las quejas más recurrentes se encuentran, prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, amenazas, robo, allanamiento de morada, trato cruel, inhumano o degradante, retención ilegal, así como violación de los derechos de niños y de menores a que se proteja su integridad, entre otros.
Sabido Santana indicó que para atender con mayor celeridad las quejas, se ha privilegiado la conciliación de los casos que no son considerados graves logrando, entre otros, sanciones y capacitaciones a servidores públicos; y cuando ha sido necesario, se ha indemnizado al ciudadano víctima de alguna violación a sus derechos.
Explicó que en lo que va del año ya fueron sancionados 183 servidores públicos en los diversos procesos.
El Presidente de la Codhey informó que se han emitido 27 recomendaciones, de las cuales 11 han sido dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública; 6 a la Fiscalía General de Justicia; una al Cereso de Mérida, al Consejo de la Judicatura, al Defensor General del Estado; a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior; a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
También han sido recomendados en una ocasión los Ayuntamientos de Sacalum, Yaxkukul, Mocochá, Tixkokob, Kaua, Izamal, Tahmek, Progreso. Dos recomendaciones han recibido Tekax, Panabá y Dzilam González.
Es preciso señalar que en una recomendación puede estar involucrada más de una autoridad.
Este lunes y martes, se notificarán seis nuevas recomendaciones a diversas autoridades, lo que alcanzaría la cifra de 33 en 2019.
Sabido Santana dijo que la aceptación de las recomendaciones está al 90 por ciento, pero aún no se logra el pleno cumplimiento de las mismas, el cual ha sido parcial en muchos de los casos.
Explicó que durante este año ha tenido acercamientos con autoridades estatales y municipales que se han negado a cumplir las recomendaciones para exhortarlos a que cumplan con las mismas, por lo que se espera que haya una mejor respuesta para el próximo año.
Y en caso de que las autoridades persistan en su negativa, se dará vista al Congreso del Estado para que expliquen ante este Poder, los motivos para rechazar las recomendaciones del organismo autónomo.