Mediante un comunicado de prensa, los activistas señalaron que en la queja argumentan que estas actividades entre las que se encuentran licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales según el mismo gobierno federal, ponen en peligro la salud, la vida, la integridad personal, y medio ambiente sano de sus personas, las de sus familias y la población de la región por los riesgos de contagio de la enfermedad Covid-19 que estas actividades presentan.
Según los inconformes, a razón de esta enfermedad, la Secretaría de Salud ha declarado una emergencia sanitaria desde el 30 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2020 recomendando el confinamiento de las personas y restringiendo la actividad comercial, empresarial y productiva de varios sectores. Sin embargo el proyecto del tren en el sureste mexicano no se ha detenido atentando contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región.
Consideraron que estas actividades de ejecución del nombrado Tren Maya representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados ya que avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia por las suspensiones que se han decretado para proteger la salud.
Asimismo, concluyeron se afecta la vida e integridad personal de los que colaboran en los organismos que brindan el servicio de acceso a la información así como de los organismos jurisdiccionales federales que deciden sobre la constitucionalidad y legalidad de este tipo de acciones del gobierno federal.
