Al rendir el informe anual de actividades por el periodo de diciembre a enero de 2020, el presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, recordó que uno de los objetivos principales de la institución es la protección y defensa de los derechos humanos, y es a través de la Oficialía de Quejas y Orientación así como de la Visitaduría General que se brindan estos servicios a la población.
Informó que, de las personas que solicitaron la intervención de la Codhey, mil 312 casos no fueron de su competencia, sin embargo, fueron orientados, canalizados y/o acompañados ante las instancias correspondientes para la atención de sus asuntos. También se iniciaron 44 expedientes de oficio, los cuales se conocieron a través de notas periodísticas.
Los usuarios señalaron a diversas autoridades como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos, las 10 más señaladas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Ayuntamiento de Kanasín; Fiscalía General del Estado de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Secretaría de Salud de Yucatán; y los ayuntamientos de Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid.
En sus quejas, los ciudadanos exponen posibles hechos violatorios a sus derechos humanos, los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, amenazas, allanamiento de morada, violación a los derechos del niño, al derecho de los menores a que protejan su integridad, al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica y al derecho a la libertad de tránsito y residencia.
Para la atención de los casos, el personal de la Codhey realizó 5 mil 812 diligencias, ya sea de manera presencial, por correos electrónicos o llamadas telefónicas, entre otras.
Dentro de los procedimientos y para garantizar la integridad de los quejosos y agraviados, se dictaron 202 medidas cautelares y se interpusieron 12 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos también constituyen actos presuntamente delictivos.
Para apoyar en la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas o detenidas ilegalmente, se llevaron a cabo 52 diligencias.
Durante el 2020, se emitieron 30 recomendaciones a 20 autoridades diferentes. Las autoridades que recibieron más de una fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 13 recomendaciones; el Presidente Municipal de Umán, 3; el Cabildo de Izamal 2; y el Fiscal General del Estado 2.
Además, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Informó que personal de la Codhey observó cuatro marchas y tres manifestaciones convocadas por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos; además supervisiones en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las Direcciones de Policía Municipales, implementadas con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.
Además, se le dio continuidad a los procesos de consultas previas, verificadas a los integrantes de los pueblos y comunidades mayas, en relación al proyecto del tren maya.
