Sin importarle a la juzgadora que la nota periodística está sustentada por documentos donde se acredita que García Maldonado habría cobrado de manera irregular una pensión de retiro, Bonilla González ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se “bajara” dicho material periodístico.
Al respecto, el periodista Eduardo Lliteras aseguró que nunca fue notificado por parte de las autoridades judiciales de que su periódico digital estaba inmerso en un litigio legal, a petición de una persona acusada de corrupción, por lo que exigió a esas autoridades que cesen el acoso en su contra y otros medios informativos que son señalados en un documento donde incluso, se amenaza al comunicador con arrestarlo si no realiza lo ordenado por la juez Bonilla.
Ante tal situación, organizaciones defensoras de los derechos como Artículo 19 han alzado la voz para exigir que tanto el poder judicial detenga cualquier tipo de amenaza o intimidación contra periodistas en Yucatán.
Mediante un comunicado, la organización antes referida, señala que encuentra preocupante que, frente a un contexto de violencia grave contra la prensa derivado de su ejercicio de libertad de expresión, la Fiscalía local insista en silenciar a la prensa y mantener procesos judiciales como represalia, mismas que implican cargas desproporcionadas a las y los periodistas, principalmente cuando las contrapartes son personas funcionarias públicas o personas con proyección pública.
Asimismo, se les insta a retomar los más altos estándares en la materia, cumpliendo con las obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos.
También, insta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para actuar conforme a sus facultades e iniciar la queja correspondiente por el acoso judicial ejercido contra los medios de comunicación en detrimento de su labor.
Rompecabeza.mx se solidariza a la exigencia de que cese cualquier tipo de intimidación, amenaza o violencia contra el periodista Eduardo Lliteras Sentíes y los demás medios señalados en el oficio emitido por la FGE a orden de un juez.
