El magistrado presidente del TSJ, señaló que debido al crecimiento poblacional del estado, el número de casos en aspectos penal y civil han aumentado notablemente.
“En este momento contamos con 18 jueces en la rama familiar, nueve titulares y nueve mixtos; sin embargo, cada juez debe conocer y resolver unos 500 casos, por ahora se atienden hasta 800 anualmente”, añadió.
Ávila Heredia dijo que es preciso contar con las instalaciones y la infraestructura para su funcionamiento y el presupuesto no consideró estos aspectos, por lo que será una labor de los próximos años construir una estructura judicial para cubrir las demandas de la sociedad yucateca.
Destacó que según normas internacionales, tendrían que haber 16 jueces por cada 100 mil habitantes en cada rama judicial, en Yucatán las cifras son menores, 2.4 por cada 100 mil. En otros países se avanza, en Croacia hay 40 jueces por cada 100 mil, en Colombia 10.
Dijo que, para poder contar con jueces y salas orales es preciso más presupuesto, "en este momento, esta condición es crítica", repuso.
La posibilidad de contar con mayor número de recursos será complicada, por ello, es preciso crecer de manera paulatina y constante, quizá 2 nuevas salas y jueces por año.
Destacó que, en el caso de los juicios familiares se requiere de personal especializado en psicología, trabajadores sociales y otras ramas, ya que preparar a un menor para una declaración ante un juez por una causa de divorcio y otras afectaciones implica la necesidad de contar con profesionales que ayuden y atiendan a las personas que acuden a atestiguar.
Es importante establecer que un caso familiar o civil muchas veces no termina, sino que, son casos abiertos permanentes ya que la asignación de recursos para una pensión, la distribución de ingresos salariales y detalles específicos requeridos para un dictamen judicial requieren de atención de profesionistas en cada materia.
Aseguró que no es tan simple, ya que se tiene que asignar a una sala oral a un juez, porque se requiere de peritajes, muchas veces solicitados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) o a la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre un hecho o una circunstancia para establecer una pensión, en todos los casos, los jueces reciben apoyos de instituciones, pero no siempre hay disponibilidad completa porque no son personal de la institución judicial que conozca y entienda un proceso a detalle.
De ahí la necesidad de incrementar salas orales, jueces, pero con ellos, el personal mínimo necesario para que tengan el soporte para establecer un debido proceso, las causas y condiciones de un caso y el cuidado y preservación de la norma judicial, en muchos casos para personas adultas, pero otras tantas para infantes y adolescentes que deben intervenir, como es el caso de un divorcio o la asignación de una pensión.
"El aparato judicial requiere de una mayor capacidad, pero de antemano está la condición de contar con los recursos necesarios para cubrir esta demanda. Hoy Mérida ya tiene un millón de habitantes, esto multiplica las condiciones de exigencia a un juez y sus subalternos y debemos avanzar para no rezagarnos aún más", repuso. (ACOM)
