En rueda de prensa, los activistas Alex Orué, Carlos Escoffié Duarte y Olga Moguel Pereyra, lanzaron un llamado a los legisladores para analizar la iniciativa de ley enviada por el exgobernador Rolando Zapata Bello, para el matrimonio igualitario.
Señalaron que cualquier acto de discriminación en la entidad pone en riesgo ese núcleo familiar.
“En Yucatán, la homofobia, el desconocimiento y los prejuicios en torno a las orientaciones sexuales diversas, la información falsa y la resistencia de determinados sectores conservadores, han puesto a miles de familias en peligro”, indicaron.
Advirtieron que los discursos homofóbicos y la difusión constante de información tergiversada basada en prejuicios, han generado rechazo y violencia al interior de las familias.
“Han hecho que padres rechacen a sus hijas o hijos, que personas tengan que abandonar sus familias por miedo al rechazo o por efectivamente haber vivido la animadversión por parte de sus seres queridos”, ahondaron.
Afirmaron que el rechazo hacia la comunidad Lésbico Gay Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI+) ha orillado a personas al suicidio.
“Aprobar el matrimonio igualitario en Yucatán puede salvar a muchas familias. No solo por los derechos que esa figura permitiría, elevando su calidad de vida. Si bien, esto ya es de por sí es razón suficiente para aprobar la reforma, también lo es el hecho de que ayudaría para que la gente comprenda que las familias diversas existen ya”, dijeron.
Ante este panorama, sostuvieron que están aún a la espera de la respuesta por parte de los legisladores locales a su petición de realizar la discusión del matrimonio igualitario bajo el esquema de matrimonio abierto.
Asimismo, dieron a conocer que entregaron diferentes oficios a instancias nacionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos la situación que priva en Yucatán respecto al matrimonio entre personad del mismo sexo.
“Advertimos que son ilegales y políticamente inaceptables las propuestas que han trascendido en medios de comunicación solicitando que el tema sea resuelto por una consulta popular. Los derechos no se eligen por votación porque la democracia no puede ir contra sí misma”, aseguraron.
Finalmente, denunciaron que han sido objeto de amenazas mediante las redes sociales virtuales con mensajes de odio y advertencias de agredirlos físicamente si continúan con su lucha por la defensa de los derechos humanos.