En entrevista, el empresario consideró que una prueba de que esta actividad ilegal continúa es el hallazgo de una bodega con esa especie marina en pleno Centro Histórico de Mérida, la cual almacenaba casi tres toneladas y media de “pepino de mar” que en el mercado negro alcanza un predio de 500 pesos el kilogramo.
“El furtivismo sigue estando muy fuerte, no ha parado y ahí lo estamos viendo, (…) hemos pedido las cancelaciones de todas las facturas que todavía no se han hecho, no se ha logrado desafortunadamente por cuestiones administrativas por parte de Conapesca”, explicó.
Sánchez Sánchez aseguró que con el auge del “pepino de mar” en la entidad, se desató una serie de problemas en todas las pesquerías, pues el furtivismo se ha incrementado de manera considerable en los últimos años.
“Desde que el pepino de mar vino a quedarse en Yucatán y al no haber una regularización como debió ser, nos ha causado esta problemática en todas las pesquerías”, expuso.
Indicó que para abatir la pesca y comercio ilegal de esa especie es necesario un mayor ordenamiento en la costa del estado, por ello, incluso, para el presente año no se abrió esa pesquería.
Rechazó que exista crimen organizado detrás del comercio del equinodermo, sin embargo, sí existe una organización de empresarios que ha logrado “lavar” el producto mediante facturas emitidas en temporadas anteriores que aún están vigentes.
“No se va al comprador porque es muy difícil, el pescador furtivo trae el producto, el que lo compra tiene la factura y simplemente lo lava de esa manera, lo legaliza de esa manera”, explicó.
Detalló que las facturas tienen cierto tiempo de expiración, toda vez que el producto puede secarse o congelarse para luego ser exportado.
“Nosotros pedimos este año que cancelen todas las facturas porque ya tiene un año que no hay, pero no puede ser posible que cualquier persona de forma lógica vaya a dejar su pepino, cuando es un producto que se mueve, que es de alto valor, de alto rendimiento, te deja dinero”, dijo.
Negó que se trate de un tema de corrupción en aduanas, porque se trata de la falta de inspección y vigilancia por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) del gobierno federal.
