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“Pollero” libra justicia yucateca pero no a la “migra” mexicana

29 Octubre 2019
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Un mal procedimiento de la Policía Estatal Investigadora (PEI) al momento de arrestar a un presunto traficante de personas que mantenía a varios hondureños en su poder para llevarlos a los Estados Unidos y a quienes pretendió extorsionar, originó que el Juzgado Primero de Control del Poder Judicial del Estado decretara la no detención legal de esa persona, por ende su libertad posterior.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el presunto “pollero”, fue arrestado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y hasta el momento se desconoce si fue deportado o se encuentra recluido en algún lugar por las autoridades federales.

En un comunicado, el Poder Judicial del Estado dio a conocer que los delitos de los que se le imputaban al presunto traficante eran secuestro, corrupción de menores y tráfico de indocumentados.

Se informó que la titular de dicho juzgado, Suemy Lizama Sánchez, llevó a cabo desde el pasado 26 de octubre,  la audiencia de Control de la detención solicitada por los fiscales. 

La jueza argumentó que si bien, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mencionaron que recibieron llamadas de denuncia por el 911, no las registraron como era su deber y no las comunicaron al Ministerio Público.

Los agentes nunca informaron a la FGE para que mediante un MP  tomara control del operativo que se realizó en un predio ubicado en las calles 46 entre 71 y 73 del Centro Histórico de Mérida, donde se rescataron a tres niñas y un varón de entre dos y cuatro años de edad,  además de  dos mujeres de 23 y 25 años, de las cuales se ignora su paradero.

De este modo, explicó la juzgadora, se incumplieron dos de las obligaciones previstas en la ley, por un lado, el registro de los actos de la policía y fiscalía previstos en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y por otro, la obligación de la policía de avisar al MP de las llamadas recibidas que permitieron dar con el predio, para que los fiscales se avocaran a la investigación, obligación prevista en el artículo 132 del mismo ordenamiento.

Por tanto, la juez resolvió como no legal la detención e informó a las partes su derecho a recurrir esta decisión.

 La jueza de control que dirigió esta audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), explicó a las partes que si bien, se resolvió la audiencia solicitada por la Fiscalía del Estado por la urgencia del caso, los delitos que se pretendían imputar a la persona son de orden federal, por lo cual el caso debe ser remitido al Ministerio Público federal.

Se averiguó que tras ser puesto en libertad, fue arrestado por agentes del Instituto Nacional de Migración, toda vez que se mantenía en territorio nacional como indocumentado, empero, como es una costumbre, el gobierno federal no ha informado qué destino tuvo el presunto traficante de personas arrestado desde el pasado 24 del presente mes en Mérida. 


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