Al presentar el documento Derechos Humanos en “Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”, Demichelis Ávila indicó que la Codhey ha sido cooptada por ciertos grupos en la entidad, por lo que incumple su función y opera sin autonomía.
Afirmó que hay "una completa ausencia del órgano" en la entidad. “El órgano autónomo estatal en materia de derechos humanos no está generando esta información. Pensamos que en sus informes íbamos a encontrar algo. La falta de información evidencia que no existe una política estatal en materia de derechos humanos. Existe una omisión a los derechos humanos”, manifestó.
En los informes anuales de la Codhey “no existe la obligación de generar información y datos”, lamentó.
Manifestó que se requiere una Codhey activa, autónoma y sin miedo a defender los derechos humanos.
Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) les otorgó, vía transparencia, información sobre la apertura de 222 carpetas de investigación por tortura policial en Yucatán, de las cuales 141 están en la etapa de investigación. De las 81 restantes, dijo que se desconoce cuál fue el resultado de las investigaciones.
Con el discurso de que Yucatán es un “estado seguro” y que “no pasa nada”, se omite la responsabilidad del Estado para actuar en la defensa de los derechos humanos y permitir la violencia policiaca.
La Codhey documentó 215 quejas en 2018, 187 cometidas por agentes de seguridad pública, por ese tipo de situaciones, solo se emitieron 18 recomendaciones, añadió.
Indicó que sí hay violaciones a los derechos humanos en materias como: despojo de la tierra y el territorio a las comunidades mayas, tortura policial, violencias de género contra la mujer y discriminación hacia la población LGBT, expresó.
Yucatán “no es el paraíso de los derechos humanos, menos para los indígenas y la comunidad LGBT”, expresó.
Indicó que “el estado omite sus obligaciones de protección y prevención, a la hora de pensarse en Derechos Humanos como una de sus obligaciones. En la entidad, dijo, hay una invisibilización a los derechos humanos y un profundo racismo y discriminación.
Expresó que hay casos emblemáticos que impactan la memoria colectiva y trasciende las administraciones políticas, como la granja porcícola en Homún, el feminicidio de Ema Gabriela y la tortura policial a un menor llamado José Adrián, en 2016.
El documento Derechos Humanos “Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil Yucatán” está disponible en línea. (Paul Antonie Matos)
