En entrevista, el empresario del ramo de la construcción, consideró que faltó una mejor asesoría por parte del sector privado que participa en el llamado Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán, pues el no advertir las consecuencias de aplicar un gravamen que no contaba con la suficiente fuerza llevó al gobierno estatal a un desgaste innecesario.
“Hay que hablar con más personas que integran la sociedad civil para que se tenga diferentes opiniones porque muchas veces los que están cerca, o se atreven a decir lo que en realidad está sucediendo”, dijo.
Solicitó al gobierno del estado que en un ejercicio de transparencia revele la cantidad que dejará de percibir luego de la cancelación de ese derecho y que establezca con claridad qué áreas serán afectadas con el ajuste presupuestal que anunció el mandatario estatal.
“Creo que debe haber una revisión en cuanto la integración del consejo y que estén representadas más organizaciones de la sociedad civil y no solo las mismas de siempre”, opinó.
