Integrantes de la Cooperativa de Mototaxistas “Jaguar” de Ticul se manifestaron frente a Palacio de Gobierno,para denunciar que el ayuntamiento de ese lugar no les otorga placas para prestar el servicio de transporte público, lo que ha generado una serie de operativos por parte policías municipales en su contra.

Desde temprana hora, los transportistas se apostaron frente a la sede del Poder Ejecutivo, para exigir al gobernador Rolando Zapata Bello, que haga entrar en razón a Camilo Salomón López, alcalde de Ticul, pues cuentan con toda la documentación, sin embargo, son reprimidos por el edil de extracción priista.

Saúl Segura Itzá, presidente de esta cooperativa, señaló que desde hace un año formalizaron su organización, sin embargo, Salomón López no los atiende para resolver la problemática que enfrentan.

“Queremos una solución, venimos igual el mes pasado e hicimos un plantón, nos dieron números supuestamente para que nos comunicáramos y que nos iban a resolver, llegamos pero nos dio (el alcalde) 25 días más de tolerancia para que ver qué puede hacer”, precisó.

Exigió una respuesta inmediata por parte del mandatario estatal, toda vez que ya están cansados de recibir evasivas por parte de la autoridad municipal.

Luego de tres horas, los manifestantes se retiraron, sin informar si hubo algún acuerdo con la autoridad.

Los últimos días se han convertido en un calvario para la señora Karen Elizabeth Berzunza Rejón, quien acusó a su suegra Verónica Manrique Herrera, por sustracción de menores en contra de sus tres hijos.

La señora Karen señala que hace un año se separó del señor Alejandro Adrián Mejía Manrique, padre de sus hijos Karen, de 9 años; Alejandro Adrián, de 6 y Santiago Mejía Berzunza, de 2 años de edad, por lo que no ha vuelto a tener contacto con él desde hace aproximadamente 10 meses, pero sí con su madre, la señora Verónica, quien siempre se llevaba a los niños. 

Sin embargo, el pasado viernes 13 de octubre, la abuelita paterna recogió a los menores como era costumbre porque los llevaría a una fiesta; lo que no sabía la mamá de los niños, es que no se los regresaría.

Se ha burlado de mí, me ha dicho que haga como quiera, su esposo es federal de caminos, además que mis niños no han estado asistiendo a la escuela (Ada Ruth Peniche Sierra, en el fraccionamiento Francisco de Montejo) y a la estancia el más pequeño, señaló Berzunza Rejón, quien ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que quedó asentada en el expediente.

Asimismo, señaló que el pasado miércoles, la abuelita se presentó con los niños en la FGE pero no la dejaron verlos.

“El director de Investigación y Atención Temprana de la FGE, José Esteban Cuevas Casanova, se comprometió a darme una respuesta, ya presenté las actas de nacimiento donde consta que yo soy la madre, a mis niños no los llevan a la escuela afectando su derecho a la educación”, comenta la señora Karen.

 

Luego de reunirse con el Fiscal Aldecua Kuk, los asesores legales y la señora Ligia Canto Lugo, pactaron  buscar un acuerdo con los abogados defensores de los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, para que a cambio de aportar su testimonio en contra de Martín Medina Sonda se les  sentencie a 25 años de prisión por el asesinato de Emma Gabriela Canto Lugo mediante un juicio abreviado.

 Han pasado casi siete meses de que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla le arrancaran la vida a su hija Emma Gabriela Molina Canto, sin embargo, su sed de justicia no ha aminorado desde aquel 27 marzo del presente año, cuando de varios tajos fue asesinada la también activista.

Abordada minutos antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, la señora Ligia Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.

“Primero que nada para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó.

En una charla con dos reporteros que han seguido el caso desde el mismo día que los dos sicarios originarios de Tabasco asesinaron a su hija, Canto Lugo deja en claro su principal objetivo.

“Para mí lo más importante es que reciban castigo, porque si bien es cierto, se habla de la reparación ¿qué reparación puede haber para una vida?  Nada va hacer que mis nietos vuelvan a ver a su  madre, ni que yo vuelta a tener a mi hija”, dijo.

 

--¿Qué condiciones exige?

 

Estamos buscando más que nada llegar a la verdad, eso queremos, la verdad  de todo, de cómo estuvo, de cómo se planeó, de cómo se llegó a lo que se llegó.

 

--¿Quiere que se presenten pruebas suficientes para incriminar al que es señalado autor intelectual?

 

--Exactamente y a todos los que van en este escalón de delincuentes.

 

--¿Doña Ligia, si se generan esas condiciones, habría la posibilidad de juicio abreviado?

 

--Habría la posibilidad, pero no sé si en las mismas condiciones.

 

--Algunos grupos de defensores de los derechos humanos han sentido algún tipo de desconcierto por cómo se ha manejado la negociación, ¿qué les diría usted?

 

--Desgraciadamente hay que reconocer, todas las personas y todos los ciudadanos lo sabemos, este sistema de justicia oral nos crea cierta dificultad para llegar al verdadero castigo, qué quisiera yo como madre para estos señores, quisiera yo la ruta de sufrimiento, mi hija merecía un final feliz, no esto.

 

--¿Cómo está doña Ligia en lo personal, en lo familiar?

 

--Muy triste, pero las cosas hay que tomarlas y sacar lo mejor para poder obtener lo que pedimos…justicia.

 

--¿Exige una pena mayor?

 

--Es lo que buscamos, nosotros vamos a ser claros, estos señores fueron pagados, sí hay otros pero ¿quién lo disfruto? ¿quién lo planeo? ¿quién lo vio la logística?  Para que se llevara a cabo esto, ahí está el principal personaje, el interesado al que le estorbaba, el que quería seguir siendo su dueño, el que decía “o aquí o nada”, ¿quién? Eso es claro, entonces hay que pensar precisamente en eso.

 

En esa manifestación que hicieron inclusive ante un Ministerio Público y que sacó un medio periodístico, ahí estaba lo que lo estaba planeando esta familia, ahí lo plasmaron ellos en un documento, más claro no puede estar su participación.

 

--Por parte de la Comisión Estatal de Victimas ¿hay algún tipo de atención, se han acercado con usted? porque tenía entendido que había ciertos retrasos?

 

--Nosotros hemos estado pidiendo que esta representación jurídica sea efectiva que esté presente y permanente y por más que lo hemos pedido ha quedado en eso en petición, desgraciadamente no sé si por ser un organismo burocrático, no lo sé, pero las cosas se dan y se observan.

 

Desgraciadamente digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, estamos como quien dice, somos el jamón del sándwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes.

 

La entrevista finalizó y doña Ligia va a un encuentro más con el titular de la FGE. Mañana se escribirá un capítulo más en torno al caso, en una audiencia que se celebrará en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

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