Vacías encontraron las oficinas de delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) integrantes del Movimiento Antorchista, luego que personal de la dependencia decidió cerrar y abandonar el inmueble ante el inminente arribo de un nutrido grupo de manifestantes de esa organización.

Y es que la mañana de este jueves, los antorchistas programaron una manifestación para exigir que la dependencia federal aterrice lo que Secretaría de Hacienda ya aprobó recursos por más de 10 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Sin embargo, los manifestantes al arribar al inmueble ubicado en la colonia Itzimná de Mérida, no había nadie en ese lugar lo que molestó aún más a los integrantes de esa organización social.

“No hay absolutamente nadie, no venimos a protestar de manera violenta, más bien a ejercer nuestro derecho a la manifestación pública, por eso consideramos una falta de respeto que nadie esté aquí, ni el barrendero de las oficinas”, indicó Daniel Osorio García, representante de la agrupación.

Aseguró que tal actitud por parte del funcionario federal les causó sorpresa, toda vez que “siempre hemos escuchado de las autoridades que los gobiernos del PRI tienen las puertas abiertas para escuchar a la gente, para solucionar sus demandas, y hoy vemos el contraste en la Sedatu”.

Señaló que ese dinero serviría para adquirir insumos –materiales de construcción- para 600 acciones de vivienda, en beneficio de campesinos y colonos de municipios como Mérida, Kanasín, Tizimín, Izamal, Tekax, Chemax y Valladolid.

Osorio García dijo que les aprobaron los proyectos para acceder a estos recursos desde hace siete meses, pero hasta el momento no han aterrizado a la entidad.

“Cada acción de vivienda tiene un valor de 25 mil pesos en materiales; la gente pone la mano de obra para levantar un cuarto adicional de 4 por 4 metros en sus casas, con puertas y ventanas, listo para vivirlo. La Sedatu sería la encargada de ejecutar los recursos, pero la Fonhapo aún no lo envía”, finalizó.

Un grupo de 20 personas pertenecientes a la colonia San Antonio Kaua III, de Kanasín, se manifestó frente a la sede del Poder Legislativo para exigir que su asentamiento no sea incluido como parte de dicho municipio pues desde hace más de 40 años, ese lugar pertenece a Mérida, por lo que exigieron respetar su lugar de origen, toda vez que no fueron consultados.

Los inconformes llegaron alrededor de las 9 horas de este jueves, para exigir hablar con alguno de los diputados, sin embargo, los legisladores no tienen actividad hasta pasado el mediodía cuando sesionen dos comisiones permanentes.

En tanto, una comisión encabezada por el vocero de los inconformes de nombre Luis Escamilla fue atendida por el director jurídico, Miguel Ángel Ceballos Quintal, a quien según se supo le entregaron un oficio donde exponen su problemática.

Algunos de los manifestantes mostraron a este medio informativo diferentes recibos de predial y otros impuestos que los avala como vecinos de Mérida y consideraron que el pertenecer a Kanasín les traerá problemas, toda vez que es conocido que las autoridades de ese ayuntamiento tienen en pésimas condiciones a esa demarcación.

Tal es el caso de Paula Pacab Chan, quien enseñó a ROMPECABEZA una serie de recibos de predial que todos los años ha pagado a la comuna meridana desde hace más de 15, por lo que consideró injusto que ahora pretendan ubicarlos como si fueran de Kanasín.

“Nosotros somos de Mérida no de Kanasín, no queremos estar en ese municipio, toda la vida hemos sido meridanos, exigimos a los diputados que intervengan para que este atropello  no se consuma”, finalizó.

En un atropellado encuentro con los medios de comunicación y con más dudas que respuestas, integrantes de la Mesa Directiva de una escisión de la Nueva Federación Estudiantil (NFU) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), dieron a conocer su plan de trabajo en voz de Rodrigo Rosado Barrueta, quien no negó su relación con el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.

Al anunciar la formación de la otra agrupación paralela, Rosado Barrueta defendió utilizar el mismo nombre de la organización estudiantil a la que renunciaron por diferencias con la misma y negó que al usar la misma denominación y logo, confundirá a la comunidad estudiantil.

En conocido hotel de la capital yucateca comentó que la rueda de prensa tuvo un costo aproximado de tres mil 500 pesos, provenientes de fondos de los propios estudiantes, de una "coperacha".

Aseguró que decidieron formar la agrupación paralela, dado que los intereses de la anterior ya no cumplían con los valores de los universitarios.

Indicó que la nueva Federación Estudiantil de la UADY buscará el involucramiento de empresarios, catedráticos, funcionarios públicos, profesionistas de diversas áreas y todo aquel que esté interesado en apadrinar a un joven estudiante.

De igual forma, señaló que buscarán reforzar las actividades deportivas y culturales en toda la Universidad así como la conformación de un fideicomiso especial para apoyar a la comunidad de universitarios.

No obstante, al ser cuestionado sobre la posible afinidad de políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) o Revolucionario Institucional (PRI) en esta nueva organización, Rosado Barrueta intentó negar que alguno de los políticos intentase apadrinar este movimiento.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los estudiantes mostraron un video con el que intentaron justificar el motivo de su salida de la NFU original.