La legisladora yucateca presentó en nombre de la bancada naranja una iniciativa de reformas legales para que “las personas servidoras públicas se deberán abstener de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por cuenta propia información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en cuyo caso se les sancionará con todo el peso de la ley”.
El objetivo, explicó, es evitar más agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y en caso de que sucedan, que efectivamente se haga justicia.
Señaló que, según datos de la Organización Artículo 19, en lo que va del actual gobierno han asesinado a 30 periodistas por el ejercicio de su labor, cifra mayor a los 18 comunicadores muertos en el sexenio de Peña Nieto y 24 en el de Felipe Calderón, en el mismo periodo de tiempo.
“No es un problema nuevo, pero es claro que esta administración ha sido la más letal para el ejercicio del periodismo”, indicó.
Destacó que “mientras este año se perfila como el más mortífero para los periodistas, el presidente de la República insiste en amedrentarlos y agredirlos todos los días”, desde su conferencia de prensa de las mañanas.
“En las últimas semanas atacó insistentemente a Carlos Loret de Mola y a Carmen Aristegui como una venganza por haber exhibido posibles actos de corrupción y de conflicto de interés de sus familiares directos”, dijo.
El presidente no puede, ni legal ni éticamente, usar de manera facciosa las instituciones en contra del periodismo, indicó. En lugar de agredir verbalmente a los periodistas, el jefe del Estado Mexicano tiene la responsabilidad de “garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa”.
