En el foro académico “La iniciativa de reforma educativa. Voces de la investigación”, también se planteó que si se revisan las reformas educativas en México, se observa que cada sexenio marca la suya y de ese modo nunca se logrará consolidar un proyecto de desarrollo para la educación que el país necesita.
En un comunicado, la máxima casa de estudios del país informó que al presentar el encuentro, Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue) y coordinador del foro, explicó que la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el nuevo gobierno implica importantes redefiniciones en materia de política educativa.
Tenemos una serie de planteamientos del gobierno federal que, de manera incipiente, van perfilando un escenario en la materia. Aunque no se trata de proyectos acabados –pues aún no se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo– ni hay un programa sectorial educativo, “si hay una serie de temas que están siendo avanzados en términos normativos, y concretamente en la Constitución, que permiten identificar algunas de las prioridades”.
Entre los puntos que se pueden identificar está el acento en la cuestión de equidad; la obligatoriedad, ya que prácticamente se ha planteado la universalización de la educación, desde el nivel básico y hasta el superior; o la introducción de una incierta concepción de excelencia, que reemplazaría al tema de la calidad.
Ante ese panorama, sostuvo Casanova, tenemos la certeza de que la investigación que se desarrolla en el instituto a su cargo constituye una plataforma pertinente e informada para interpretar los discursos que concluyen en nuevas políticas educativas. “Desde la Universidad tenemos un encargo crucial, que es pensar los grandes problemas de México y, en este caso, de la educación”.
Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM y también coordinador del foro, en donde participaron expertos del Iisue, señaló que un gran ausente en el debate pedagógico mexicano es el análisis de lo que se entiende por profesión docente. Los mentores se interpretan a sí mismos y ocupan la identidad de un trabajador, de un empleado, y asumen que la autoridad, el “patrón”, les debe decir qué hacer en el aula.
Se requiere resignificar esa profesión y hacer que el profesor se asuma como responsable del aprendizaje de sus alumnos aunque, reconoció, es complicado cuando hay mentores en secundaria y bachillerato que deben atender a más de 240 alumnos a la semana.
Hoy, añadió Díaz Barriga, estamos ante alumnos que buscan el estímulo inmediato, que han nacido y se mueven en una sociedad sobre estimulada, que le dan más relevancia a las redes sociales que a los proyectos escolares; ante chicos con una noción completamente diferente del orden, la disciplina y el aprendizaje.
Por ello, se debe cuestionar en dónde se aprende lo significativo, ¿en Google o en la escuela? Esto representa un reto que no se puede dejar de lado; hay que reconstruir la manera de trabajar, de la clase frontal o de exposición, a una pedagogía del acompañamiento, además de pensar en un currículo que contenga temas de la realidad.
Patricia Ducoing recalcó que se cree que la docencia es un asunto innato, de buena voluntad o de sentido común, de modo que si alguien sabe historia o patología puede dar clases de esos temas. En realidad se trata de una labor compleja y “no basta con que me gusten los niños para ser docente; se requieren muchas capacidades y competencias”. El docente es un intelectual”.
La formación docente enfrenta retos como el nuevo alumnado, las relaciones con el saber a partir de los medios de comunicación, y las nuevas competencias, como saber trabajar en grupo. El Estado debe ser capaz de definir una política de formación continua, permanente, transexenal. Pero esa responsabilidad también debe ser de los profesores consigo mismos, consideró la experta.
En tanto, Gabriela de la Cruz expuso que los pocos documentos que hasta el momento circulan sobre las políticas públicas que guiarán el ámbito educativo en el país, coinciden en subrayar la importancia de dignificar la función docente. Para esa encomienda se perfilan acciones como revalorar su papel como impulsor del conocimiento y del aprendizaje.
La evaluación formativa de la práctica docente requiere articularse con proyectos de mejora institucional para maximizar su impacto y favorecer la generación y autorregulación de auténticas comunidades, de prácticas orientadas a la mejora de la educación.
Asimismo, consideró que tanto la revalorización del magisterio, como la mejora continua de la educación, requieren acciones de evaluación, pues “sólo a través de ésta podemos analizar, planear, y reflexionar sobre las acciones por emprender”.
Por último, Leticia Pogliaghi mencionó que por el momento no queda claro cuál es la orientación que se le dará a la reforma educativa, y “no sé si sea tan bueno que se defina en la Constitución, porque para eso están las leyes secundarias y los programas que se vayan a implementar. Si no, caemos en que cada seis años hay que reformarla para instalar la idea de educación que tiene el gobierno en turno. Debe contener los principios que guíen y permitan pensar en la educación a más largo plazo”.
La investigadora señaló que la educación no se puede limitar a la formal y, en particular, a la que brinda el Estado, sino reconocer que hay otros espacios donde las personas enseñan y aprenden. “Es necesaria no sólo la educación para la vida, sino durante la vida”.
Estamos en un momento en que podríamos ir más allá de simplemente acabar con lo anterior; tenemos oportunidad de hacer algo distinto y eso incluye dar mayor participación a los niños y los jóvenes, quienes aparecen como “sujetos de derechos, pero sujetados.
