La doble traición

22 Mayo 2020
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Las consecuencias de la votación en el Congreso del Estado que rechazó el empréstito de mil 728 millones de pesos serán diversas, no solo las económicas como las que advirtió ayer en un video el mandatario Mauricio Vila Dosal, sino también un cisma político en el PRI, que al final del día le podría convenir al partido político que hoy gobierna Yucatán, pues el tricolor de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso perdería el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

Y es que de concretarse la amenaza del campechano Alejandro Moreno Cárdenas, quien ayer anunció el inicio del proceso de expulsión de los diputados Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar, ocasionaría que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejaría de ser la fuerza política con más legisladores lo que de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso yucateco cambiaría muchas cosas en el Poder Legislativo local.

Lo ocurrido con la banda del PRI es una fiel imagen de sus orígenes revolucionarios, donde las traiciones y alianzas estuvieron a la orden del día por lo que las traiciones por parte de algunos militantes de la fuerza política parece ser la moneda de cambio cotidiana en el tricolor.

Así como se lee, desde el centro y desde adentro la palabra traición ha sido la que en las últimas horas ha aderezado el debate post votación, el cual se centra primero en dos diputados priistas que parecieron socorrerse al dicho que versa “más vale que aquí corrió que aquí murió”.

Para muchos priistas y panistas, Janice Escobedo Salazar y Enrique Martín Castillo Ruz, son la cara más visible de la traición en el Congreso del Estado, pues primero aprobaron el dictamen (en el caso de la primera) y mostraron su apoyo al mismo al firmar un documento para proponer cambios al mismo, sin importar que ello constituyera una puñalada trapera a su presidente estatal Francisco Torres Rivas y a su coordinador Felipe Cervera Hernández, quienes habían impulsado el rechazo al empréstito.

El caso de la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo, es aún más grave, pues no se trata de una vulgar “bandazo” como se dice en el argot de la grilla mexicana, sino representa incluso, una violación al reglamento de la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 75 que a continuación cito: 

“Artículo 75.- Los diputados no podrán cambiar el sentido de su voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma”.

Cómo es público, la diputada Escobedo Salazar votó y firmó el acta en la sesión de la comisión de Presupuesto, Patrimonio, Estatal y Municipal, en la cual es vicepresidenta, el pro del empréstito, para después votarlo en contra ahora en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.

 

Daño colateral 

 

Además de la pérdida de cuatro diputados en el Congreso local, todos ellos de mayoría en sus distritos, la virtual expulsión de los mismos generaría que el PRI pierda el control que actualmente ejerce en el Poder Legislativo local gracias a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la figura de Felipe Cervera.

La Ley Orgánica de ese Poder del Estado establece en sus artículos 41, 54, 56 y 59 la conformación de ese organismo, sus reglas y atribuciones, la cual dota de un total control al grupo parlamentario con mayor cantidad de diputados.

Bajo este supuesto que sería una realidad si la amenaza de Moreno Cárdenas se concreta, el Partido Acción Nacional (PAN) tendría la puerta abierta para solicitar al interior de la junta un cambio en la coordinación, además de que a los cuatro diputados que serían considerados como sin partido tendrían derecho a ingresar a la Junta de Gobierno.

El peor escenario para el PRI sería que uno de los legisladores decida migrar al PAN, lo que colocaría al albiazul como la fuerza política mayoritaria y por ende la que con base al marco legal derecho a presidir la Junta de Coordinación Política.

La pérdida para el tricolor en el Congreso sería fuerte, pues en el artículo 61 de la multicitada Ley Orgánica se establecen las atribuciones de la Junta de Gobierno entre las que se constituyen la coordinación de comunicación social y otros puestos administrativos.

Tan solo hay que echarle un vistazo a la fracción VII del artículo 61 en cual establece que dentro de las facultades el proponer al Pleno, por medio del presidente de la Junta, el nombramiento y remoción, en su caso, del secretario General del Poder Legislativo, del director General de Administración y Finanzas, del director del Instituto de Investigaciones Legislativas y del director de Evaluación del Presupuesto.

Así pues, el abrupto en redes sociales virtuales de “Alito” tendrá consecuencias por donde se quiera ver, pues como ya se explicó, de concretarse la amenaza del campechano a los diputados priistas yucatecos de expulsión, las consecuencias políticas serían devastadoras para el PRI en Yucatán, por otro lado, si no se concreta, Moreno Cárdenas quedará exhibido como un líder débil y mal informado, que como versa el dicho “primero dispara y luego averigua quién vivía”.

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