Mediante un comunicado de prensa, esa fuerza política rechazó que, derivado de dicha sanción se realicen despidos masivos a personal que labore en ese partido.
Efectivamente, derivado de una mala integración de las comprobaciones de gastos en el año 2018, es decir en la administración anterior, tras un largo litigio que concluyó hace unos días al haberse agotado las instancias legales para resolverlo, el partido tendrá que pagar mensualmente el equivalente al 25 por ciento de sus participaciones, lo que equivale a $566 mil 939.80 pesos mensuales.
En este sentido, de manera responsable, cita el texto, el Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán, asumiendo esta sanción totalmente ajena a la actual administración, ha tenido que realizar diversos ajustes a su gasto corriente, que no derivará en el despido de nuestros colaboradores, aunque sí en una reducción a los salarios que percibe la dirigencia estatal, empleados de confianza de primer nivel y ajustes al gasto corriente.
“Debemos precisar también, que en el caso específico de nuestra compañera Gabriela Gamboa Marrufo, quien por muchos años colaboró en la presidencia del partido, desde octubre del año pasado obtuvo una muy digna jubilación, con el apoyo y respaldo del actual Comité Directivo Estatal”, establece el boletín.
Asimismo, el comunicado aclara que para “mantenerse en activo”, Gamboa Marrufo decidió continuar colaborando en las oficinas del tricolor, sin embargo debido a la “complejidad financiera”, se tuvo que suspender un apoyo adicional a dicha trabajadora.
