Los reporteros, Lilia Balam Magaña, Javier Rosado Escalante y Hebert Escalante Ojeda, acudieron la mañana de este miércoles, a la sede del Poder Legislativo para entregar un documento dirigido a las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la cual plantearon por qué es urgente cambiar dichas disposiciones que atentan en contra de su labor periodística.
En ese lugar los comunicadores informaron que las y los periodistas realizaron una campaña para promover y concientizar entre sus colegas sobre la importancia de esta iniciativa y recabaron más de 100 firmas de apoyo a través de la plataforma de internet www.iniciativaperiodismo.com.
Recordaron que en el 2007, el Congreso de la Unión derogó todos los delitos contra el honor del Código Penal Federal, en cumplimiento a recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos.
Apuntaron que Yucatán es uno de los siete estados del país que todavía contemplan esos ilícitos: en el artículo 295 del Código local se establecen penas de tres días a dos años de prisión o de 20 a 200 días de multa por el delito de difamación, lo cual representa un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión.
“De hecho, en Yucatán, sobre todo en municipios del interior del Estado, se han reportado casos en los que funcionarios o empresarios denuncian a periodistas con la intención de censurarlos, amedrentarlos y hostigarlos, para impedir las críticas, cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo”, expusieron.
Con esto, continuaron, se puede inferir que en Yucatán prevalece la censura penal a la actividad de las y los comunicadores.
Manifestaron en su solicitud formal que es necesario que Yucatán armonice su Código Penal en esta materia, pues las leyes que penalizan la difamación, únicamente son instrumentos que se emplean para acallar voces discordantes y evitar que los medios de comunicación y la ciudadanía realicen su labor y derecho a expresarse.
Recalcaron que dicha normativa resulta obsoleta en el contexto actual de la defensa y garantía de los derechos humanos, ya que va en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación plasmados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana.
“Es necesario que Yucatán armonice su Código Penal en esta materia, pues las leyes que penalizan la difamación únicamente son instrumentos empleados para acallar voces discordantes y evitar que los medios de comunicación y los ciudadanos realicen su labor y ejerzan su derecho a expresarse”, enfatizaron.
“En nuestra sociedad yucateca, que se caracteriza por su democracia, no se pueden permitir acciones de intimidación hacia las y los periodistas, de ahí la relevancia de eliminar disposiciones penales que pretendan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”, sostuvieron en el documento entregado al Congreso del Estado.
La solicitud formal fue firmada por más de 100 periodistas de Yucatán, así como comunicadores, comunicadoras, investigadores, investigadoras y activistas de otras entidades del país.
