Y es que las últimas noticias que se tuvieron sobre ese inmueble fueron el 10 de agosto del 2018, con un anuncio donde se establecía que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) instalaría en ese lugar un “foro de expresión artística”, sin embargo, al parecer todo quedó en buenas intenciones, toda vez que el inmueble permanece cerrado con tres sellos en sus puertas que versan la leyenda: Propiedad federal, prohibido el paso.
Tal advertencia está firmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales del Gobierno de la República.
Y es que hace tres años, la entonces presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo yucateco, Celia Rivas Rodríguez, firmó un convenio junto con el actual rector de la UADY, José de Jesús Williams, para que la máxima casa de estudios de la entidad utilizara el espacio con alto valor patrimonial, que de 1917 a 1981 fue sede del Poder Legislativo local.
En ese tiempo se dio a conocer que tras su restauración de la Sala de General, uno de los únicos elementos que existen del conjunto arquitectónico que ocupó la Universidad de San Francisco Javier entre los siglos XVII y XVIII, se convertiría en un foro de expresión artística que fortalecería el distrito cultural del Centro Histórico de Mérida.
Según se informó, el edificio, ubicado a un costado del Palacio de la Música y también conocido como “El Congresito”, se realizó una serie de trabajos de restauración junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como el reforzamiento del muro y la instalación de nuevas vigas, entre otros, con una inversión de dos millones de pesos.
Empero, nadie sabe qué sucedió y ahora el histórico inmueble se encuentra cerrado, por lo que de nada sirvió ni el convenio de comodato, ni la millonaria inversión que se realizó en el lugar, pues el inmueble está en aparente desuso.
No es parte del patrimonio del Poder Legislativo
Entrevistado al respecto, el hoy presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, aclaró que el inmueble no forma parte del patrimonio del Poder Legislativo y cuando lo estuvo fue bajo la figura de comodato.
“Ojalá le den un buen uso, es un edificio que tiene una carga histórica importantísima, para las y los yucatecos, es importante que tenga una preservación y que se pueda tener acceder a un mantenimiento correcto”, indicó.
Argumentó desconocer el estatus del inmueble, toda vez que al desajenarse del patrimonio del Congreso del Estado, dicha instancia ya no entra en conocimiento de los actos jurídicos que se realicen en posterioridad en torno al mismo.
“Sería maravilloso que pudiéramos tener acceso a él los actuales diputados para celebrar alguna sesión en ese edificio, creo que sería algo que marcaría un toque de nostalgia, pero a su vez reconocería su valor e importancia que tiene”, señaló.
Finalmente, consideró que si bien, el Gobierno Federal no tiene obligación jurídica de notificarle al Poder Legislativo yucateco, el estado que guarda el inmueble, sería una señal positiva que se informe a los diputados yucatecos qué uso se le dará al edificio dada la carga histórica que tiene.
