En atención a la invitación de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C (Amcee ), el Instituto formará parte de acciones que buscan contribuir al seguimiento de las candidatas electas en el ejercicio del cargo, con la finalidad de detectar casos que pudieran ser constitutivos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
En la Sesión Extraordinaria también fue aprobado el anexo propuesto por la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, relativo a la ruta crítica para determinar las actividades y competencias de cada una de las áreas involucradas en el cumplimiento de los objetivos e implementación de la Red de Mujeres Electas.
El Consejero Electoral, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, consideró que la estrategia de la red nacional de candidatas electas pudiera permitir dar vigilancia y recabar información respecto a qué tanto se respeta el desempeño del cargo de las mujeres electas, para preservar sus derechos político electorales.
Consideró que estas estrategias abonan a los propósitos del Instituto de los derechos políticos de la ciudadanía, y refrendan la visión que se tuvo desde la Comisión de Igualdad de Género en el Proceso Electoral 2017-2018, cuando desde entonces se estableció una Red de Candidatas para el caso de Yucatán.
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político Electorales, Alejandra Pacheco Puente, señaló que con el acuerdo aprobado la entidad se suma a una estrategia nacional para contar con estadísticas de todo el país que permita encontrar rutas y estrategias para acompañar a las mujeres en el cargo en todo México.
Las integrantes de la Red formarán parte de la misma a partir de su registro y hasta que culminen el periodo del ejercicio del cargo del que hayan resultado electas en el Proceso Electoral.
En la Sesión también fue aprobado el proyecto de resolución, identificado como UTCE/SE/SO/001/2021, mediante el cual se sobresee el Procedimiento Sancionador Ordinario iniciado por la probable violación al artículo 134 Constitucional y demás normatividad electoral, por presunta promoción personalizada, propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos.
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas, Alicia del Pilar Lugo Medina, explicó que durante el procedimiento se actuó conforme a los términos establecidos en la Ley, y la Unidad de Fiscalización propuso el sobreseimiento, ya que la parte denunciante retiró la queja, además de que en las diligencias no se apreció una falta grave a los principios de certeza, legalidad y objetividad.
Por su parte el Consejero Electoral, Alberto Rivas Mendoza, destacó que la resolución incluyó un análisis jurídico de fondo, y se manifestó a favor de seguir profesionalizando los procesos, actuando siempre apegados al Derecho, de manera comprensible y asequible para los integrantes del Consejo General que deban tomar una decisión al momento de votar cada acuerdo.
