De acuerdo con información oficial obtenida por ROMPECABEZA, el proceso ya entró en marcha y sus repercusiones en el Instituto Nacional Electoral (INE) se verán reflejadas en enero, víspera del proceso que tendrá su culmen con los comicios para el 2 de junio del 2024 donde los yucatecos acudirán a las urnas a elegir autoridades locales y federales.

Y es que según lo que estipula el nuevo marco legal, en lo que respecta a la Junta Local del árbitro electoral, es que pasaría de cinco a tres vocales en su instancia estatal.

Mientras que a nivel distrital, se contaría con una vocalía en los seis electorales con los que cuenta la entidad, cuando en la actualidad operan con 5 funcionarios electorales.

Según el INE, con tal acción podría aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casilla, imposibilitando el voto universal, libre y secreto, ademas de existir el riesgo de anular una elección si no se instala el 20 por ciento  de casillas en un distrito. 

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el proceso ya está en marcha, por lo que el llamado Plan B entraría en funciones plenas a partir de agosto del presente año, es decir, un mes antes del arranque del proceso electoral federal.

La entrada en vigor de esa norma, dejaría en la calle a 50 personas que trabajan en el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE que actualmente laboran en esa institución, las cuales tendrían que ser liquidadas de acuerdo a la ley.

Sin embargo, aún existe una posibilidad de que tal escenario no se dé, toda vez que el Plan B de López Obrador se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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