Este jueves, el mandatario estatal convocó a los medios de comunicación para que atestiguaran la firma del documento que establece medidas de austeridad tales como que el gobernador y funcionarios de primer nivel no cuenten con gastos médicos mayores, ni servicio de telefonía celular con cargo al erario, entre otras, como evitar gastos excesivos en protocolo y ceremonias.
Al respecto, la diputada priista, Janice Escobedo Salazar, opinó que la austeridad no debe quedarse en meros actos publicitarios, por ello emplazó a la administración de Vila Dosal a ser riguroso en lo signado este jueves.
“Podemos cantar muchas cosas pero definitivamente si no se cumple de nada te sirve, lo importante son los resultados, no las palabras”, expuso.
Por su parte, el legislador panista, Miguel Rodríguez Baqueiro, consideró como necesario la firma de tales acuerdos, toda vez que ello le da certeza a la ciudadanía de cómo el gobierno del estado se conducirá durante los seis años siguientes.
“Creo que en cierta manera debería tener varias aristas, la primera es dar a conocer a la ciudadanía que se está tratando hacer los esfuerzos para tener una mayor rendición del presupuesto, la segunda, creo que es conveniente que todos los que están trabajando y con responsabilidades en el gobierno sepan que hay una orden del mandatario para que se puedan hacer el mejor de los esfuerzos por lograr ahorros”, expresó.
Rechazó que el anuncio sea solo una estrategia mediática por parte del mandatario, toda vez que durante su paso por la comuna meridana realizó acciones similares que apuntalaron al gobierno de la capital yucateca como austero y transparente.
Por su parte, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié, avaló de la misma manera el anuncio del gobernador yucateco, a la vez que señaló que estará atenta de la aplicación del plan de austeridad de Vila Dosal.
“Nosotros estamos muy contentas que inicie una nueva etapa para Yucatán, pero vamos a estar vigilantes del gobierno del estado como del Poder Judicial también y de todos los ayuntamientos para que el dinero público esté bien empleado”, expuso.
Finalmente, consideró que al igual que el Poder Ejecutivo, el Supremo Tribunal de Justicia debería aplicar un plan de austeridad en sus finanzas, pues además de existir gastos onerosos, la brecha salarial entre personal de base y jueces, sobre todo magistrados, es abismal.
