En Asuntos Generales en la plenaria de este jueves, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Borjas Romero, abordó la tribuna para primero arremeter en contra del actual gobierno, a quien acusó de despedir de manera arbitraria a los trabajadores operativos principalmente.
“Abusando de autoridad y de poder que hoy tienen los servidores públicos que encabeza el gobierno en turno, pretenden hacerlo valer despidiendo a todo aquel que crea que no comulga con su ideología política, solo por necesitar el puesto para otra persona”, denunció.
Posteriormente, entregó una iniciativa de ley para que se ponga en marcha el servicio civil de carrera, con el objeto de evitar despidos injustificados a la vez que amagó con acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para denunciar los atropellos que asegura, sufren trabajadores por el simple hecho de no ser panistas.
Tras tales señalamientos, la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama, tomó la tribuna para criticar la intentona del PRI de impulsar una iniciativa que por años fue pretendida por el albiazul, a la vez que calificó el discurso de Borjas Romero como “derecho al pataleo”.
“Muchos no conocían a 50, 100 empleados que se presentaron el primero de octubre y estaban en nómina y sorprendentemente eran empleados de tal o cual secretaría, empleados de contrato, que sirvieron desde enero o tal vez desde el año pasado para pasar casa por casa para hacer encuestas, para ver cómo estaban los candidatos del partido tricolor, es innegable y no ha sucedido en una sola dependencia, sino en todas”, denunció.
Reveló que tras la derrota del PRI en las urnas, el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, inició a dar bases de trabajo a cientos de personas, principalmente a hijos, primos o familiares en general.
“No beneficiaron a la clase trabajadora, beneficiaron a la parentela, a los amigos, no beneficiaron al que diario iban a trabajar a la dependencia, quisieron beneficiar a sus amigos y a los que son de su partido, yo le llamo a esto derecho de paleteo, es normal porque duele haber permitido el gobierno”, expuso.
Al debate se sumó el perredista Alejandro Cuevas Mena, quien señaló que las leyes no son a la medida de un gobierno, pues lo que hoy favorece a unos, puede ser en perjuicio de otros, además de advertir que hay demandas en los municipios y en el gobierno estatal del orden laboral, que le podrían costar al erario más de 800 millones de pesos.
“Lo que hoy se está planteando es regular, hacer una ley local que le dé certidumbre a las trabajadoras, ahorita atásquense, atragántense, pongamos las reglas claras para que esto no vuelva a suceder, porque si hay las demandas que se señalan, se ponen en riesgo las finanzas”, indicó.
Por su parte, la legisladora del MC, Milagros Romero Bastarrachea, afirmó la justificación del diputado Borjas Romero para proponer una ley con el argumento de que hay venganzas políticas y despidos justificados, no es el camino correcto para convencer de la necesidad de un marco legal que mueva a los legisladores locales a acompañar la iniciativa.
“Decir que al despedir a los trabajadores que han laborado en administraciones pasadas haría que esa curva de aprendizaje y esa experiencia se perdiera, pues a mí me da mucho miedo la experiencia de la que venimos, porque venimos de una experiencia muy mala, de aviadores, de un Escudo Yucatán que se utilizaba para pagarle a las manzaneras, de operación política y no de vigilar colonias”, fustigó.
Al cerrar el debate, la priista Janice Escobedo Salazar, reiteró que entre los trabajadores que se han despedido, existen personas de entre 18 a 25 años de servicio, a quienes no les explican la razón de su retiro, o si van a recibir liquidación, por lo que invitó a los diputados a trabajar en la propuesta presentada.
Durante la sesión de este jueves, en la plenaria también se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, las iniciativas para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), presentada por Rosa Díaz Lizama; y la propuesta que reforma el artículo 23 de la Ley de Registro Civil, signada por Luis Aguilar Castillo, del Partido Nueva Alianza (Panal).
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad, el punto de acuerdo para que el Congreso local otorgue un reconocimiento al nadador Carlos Franco Cantón, por poner en alto el nombre de Yucatán, al lograr cumplir la travesía de cruzar a nado libre el Canal de la Mancha.
En otro asunto, los diputados estatales avalaron por unanimidad, el punto de acuerdo para que con pleno respeto a la autonomía municipal, el Congreso del Estado exhorte a los municipios yucatecos, reforzar las estrategias de seguridad a través de la capacitación y evaluación continua de sus elementos policiales, así como de vigilancia y coordinación permanente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dentro del ámbito de su competencia, a fin de mantener a la entidad con los estándares de paz y tranquilidad con que se cuente actualmente.
En otro tema, Luis Aguilar Castillo, se pronunció en contra de una propuesta nacional de eliminar la educación especial en los planteles escolares, porque dicho programa revolucionó la enseñanza y se debe pugnar para fortalecerla, para atender la igualdad de oportunidades educativas, ya que “educación especial es inclusión”.
En respuesta, Kathia Bolio Pinelo, del PAN, señaló que ella es madre de una pequeña con autismo, por lo que mencionó que difiere con el posicionamiento, sin embargo, dijo estar a favor de que los maestros de educación especial deban ser incluidos dentro del sistema regular de enseñanza, dentro de las aulas, con todos los niños, toda vez que ayuda a las niñas y niños con discapacidad a fortalecer la convivencia, pero en especial, la inclusión, porque es discriminatorio que no puedan integrarse a un grupo escolar.
Asimismo, Cuevas Mena presentó una propuesta de acuerdo, para que se exhorte a los ayuntamientos a cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobierno del Estado y los Municipios, para convocar dentro de los 90 días de su administración, la realización de la elección de comisarios.
