Las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad, el punto de acuerdo en el cual el Poder Legislativo exhorta a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para que, en uso de sus facultades, atienda y resuelva las demandas de los docentes, en un plazo máximo de siete días, sobre la convocatoria de evaluación y desempeño, para que se pague el adeudo de un incremento salarial prometido, a quienes resultaron calificados como idóneos.
Con respecto al llamado a la Segey, propuesta presentada por los miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el diputado Luis Aguilar Castillo, del Partido Nueva Alianza (Panal), señaló que la educación es determinante para el desarrollo del país y es un derecho constitucional, “porque las maestras y maestros de Yucatán demuestran a diario su compromiso y adicionalmente a sus actividades docentes, estudian y se preparan para estas evaluaciones, sacrificando días y horas familiares”.
Por ello, agregó que se debe pagar el incremento salarial del 35 por ciento a los docentes de educación básica y un 41 por ciento a quienes se desempeñan en comunidades de alta pobreza, porque “lo que queremos es responder a los maestros y maestras porque ellos lo han hecho con la nación”.
En el mismo sentido, Manuel Díaz Suárez, del Partido Acción Nacional (PAN), recalcó que la educación no es un tema de colores ni de partidos, por ello que el acuerdo está suscrito por diferentes fuerzas políticas, “porque hay un consenso de que se atienda y se resuelva este asunto, ya que la LXII Legislatura está abierta a la ciudadanía, aunque también las autoridades del Ejecutivo y Judicial deberán hacer su parte sobre el tema”.
Añadió que se reunió con la titular de la Segey, quien le comentó que tiene la firme convicción de atender el caso; incluso, la dirección jurídica de la dependencia ya está requiriendo apoyo para pagar paulatinamente, “pero esto se resolverá conforme a la ley”, indicó.
En su turno, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó que la falta de pago del incremento salarial y del retroactivo correspondiente, a las y los maestros que lograron el nivel de buenos en la evaluación profesional docente, constituye una injusticia y una ilegalidad que se cometió en la administración estatal anterior, que los entonces secretarios de Gobierno y de Educación, no quisieron atender y todavía no se ha solucionado.
En entrevista, los docentes afectados aclararon que tal situación afecta a más de mil maestros, que esperan un aumento de hasta el 35 por ciento con respecto a su salario derivado del estímulo que se les adeuda por lograr buenas calificaciones en sus respectivas evaluaciones.
Finalmente, revelaron que solamente se les ha cubierto el pago a docentes que se encuentran ubicados en escuelas de zonas de alta marginación, por lo que exigieron un trato igualitario por parte de las autoridades estatales.
