Miguel Rodríguez Baqueiro, del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa para adicionar el artículo 34 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado con el objetivo cancelar de manera definitiva permisos o licencias de conducir a aquellos conductores de vehículos que bajo los efectos del alcohol o drogas que sean responsables de algún accidente que ocasione la muerte o lesiones de carácter permanente en una o más personas.
Mencionó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 se registraron mil 088 accidentes provocados bajo la influencia del alcohol y otros mil 129 se desconocen si fueron por este motivo porque probablemente se dieron a la fuga; a dicha propuesta se sumaron los diputados Luis Aguilar Castillo, del Partido Nueva Alianza (Panal) y Kathia Bolio Pinelo, del PAN.
“Es por eso que debemos tomar medidas más severas en las sanciones que se vinculen a la conducción de un automóvil que provoque un accidente y que a su vez, tenga como consecuencia la comisión de un delito culposo. No podemos permitir que estas personas sigan conduciendo por las calles poniendo en riesgo la seguridad de niñas, niños, mujeres y hombres”, explicó.
Por su parte, Milagros Romero Bastarrachea, del Movimiento Ciudadano (MC) presentó la iniciativa para crear la Ley de Seguridad Vial del Estado, que tiene por objeto establecer las bases del Sistema Estatal de Seguridad Vial como instancia de coordinación entre el ejecutivo estatal y los municipios para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito en Yucatán.
Indicó que tan solo en este año ya existen 16 personas fallecidas en la entidad por accidentes de tránsito y entre el 2000 y el 2015 se registraron 4 mil 273 muertes, por lo que también invitó a la ciudadanía a realizar mesas de trabajo para nutrir esta iniciativa, a la cual se sumó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“No contamos con una legislación estatal que siente las bases de coordinación entre el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos para atender este grave problema con un marco jurídico sistemático y bajo cinco principios para generar políticas, planes y programas”, añadió Romero Bastarrachea.
