En el Salón del Consejo Universitario del Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el colectivo de feministas encabezadas por María Eugenia Núñez Zapata, Marbella Casanova Calam y la investigadora Gina Villagómez Valdés, presentaron una serie de observaciones que son una evidente muestra de violencia política e institucional.
Precisaron que una de las primeras señales de agresiones hacia una mujer que aspira a un puesto de elección popular, es que desde su partido le cuestionen su capacidad económica para la campaña, que le nieguen información sobre los requisitos de candidatos, burlas a sus aspiraciones, la negativa de asistir a asambleas partidistas y dificultar el registro.
Señalaron que la violencia se vuelve aún más grave cuando autoridades municipales les niegan documentos o constancias de vecindad, no les entreguen los papeles que acredite su militancia, descalificarla por el simple hecho de ser mujer, hostigar a sus participantes, privarla de su libertad y negarse a detener a quienes la agredan a ella o sus simpatizantes.
Detallaron que una de las expresiones culminantes de la violencia política de la mujer es cuando se inician rumores y ofensas en redes sociales virtuales, se les exige firmar acuerdos de “unidad” que incluya el desistirse de impugnar los resultados y condicionar apoyos por favores sexuales.
Apuntaron que ante cualquier situación de tal índole, las victimas pueden acudir ante las autoridades electorales ya sea federales y estatales para hacer valer sus derechos político-electorales.
Finalmente, demandaron a las mujeres que actualmente tienen algún cargo público o partidista a apoyar la aplicación de la ley y no aliarse con políticos que buscan simular el cumplimiento de la ley de paridad de género.
