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Proponen que tesoreros municipales sean contadores de profesión

28 Noviembre 2019
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Con el objetivo de evitar daños al erario de los municipios, el diputado local panista, Miguel Rodríguez Baqueiro, presentó una iniciativa de ley para que preferentemente los ayuntamientos cuenten con un tesorero que sea contador público o de lo contrario tenga el auxilio de un despacho que preste ese servicio que esté debidamente acreditado ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

“En el caso de las administraciones municipales es cierto que la responsabilidad del manejo de los recursos públicos recae en las figuras del presidente municipal y en el tesorero, y es por ello que es de suma importancia que al menos el tesorero cuente con los conocimientos necesarios en materia de finanzas y contabilidad, para que las cuentas públicas que rinda al Cabildo sean de absoluta certeza”, dijo.

Señaló que los auxiliares de la Tesorería (despachos o contadores) serán responsables por los actos y omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Expuso que en caso de rescisión de los servicios de los auxiliares de la Tesorería municipal, la cuenta pública y todos los demás documentos relativos deberán permanecer en la Tesorería municipal para no incurrir en el delito de ejercicio ilícito de servicio público estipulado en el Código Penal del Estado de Yucatán.

Asimismo, el legislador indicó que el control de la administración pública y la responsabilidad administrativa estatal y municipal constituye un tema fundamental en todos los actos de la vida pública, por lo que el manejo de la misma tiene que ser encabezado por quien tenga capacidad y esté relacionado íntimamente con el conocimiento de la administración, específicamente pública, así como sus funciones y finalidades”, manifestó.

“Es necesario la existencia de mecanismos de control de esta actividad, que garantice la observancia de la legalidad, así como mantener una estructura financiera sana e incrementar un rendimiento efectivo en general”,  puntualizó.

Añadió que el requisito indispensable para la existencia y funcionamiento de una buena administración pública es que el servidor público o persona que esté a su cargo sea capaz y con conocimiento profesional para atender los intereses públicos, y no dedicados a colmar su interés particular.

 


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