El promovente de esa iniciativa, Luis Borjas Romero, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, coincidieron en señalar que si bien, en la entidad no se han presentado asesinatos contra periodistas, sí existen evidencias de agresiones contra ese sector, por lo que es necesario que el marco legal del estado contemplen sanciones contra quienes los agredan tanto en lo físico como en lo patrimonial.
En la iniciativa de ley se establece que en caso de que la víctima de cualquier delito que establece el Código Penal sea un periodista, se aumentará una pena de hasta la mitad a la señalada en dicha norma, y en caso de que el infractor sea un funcionario público o la parte ofendida sea mujer, la sanción será doble.
De esta manera, en caso de presentarse un delito como homicidio calificado contra un periodista mujer, la pena podría alcanzar hasta 80 años de cárcel, toda vez que la sanción que establece el Código Penal es de 40 años de prisión.
En entrevista previa a la sesión, Cervera Hernández explicó que el espíritu de tales reformas es proteger la labor de los periodistas, toda vez que es una actividad prioritaria para el estado.
“El estado de Yucatán hasta este momento no registra mayor número de agresiones a periodistas como está en otros estados de la República, pero como hemos dicho en múltiples ocasiones, no queremos esperar a que se “ahogue el niño para tapar el pozo”, queremos dar los pasos suficientes para de una vez otorgar esta protección antes de que suceda cualquier situación de esta naturaleza”, dijo.
Consideró que las amenazas a los periodistas pueden verse de diferentes partes como “desde un funcionario a disgusto con una información, que te niegan un acceso, que te niegan poder realizar una pregunta, de las amenazas que pueden venir de grupos de la delincuencia por alguna información periodística que este surgiendo”.
Por su parte, el creador de la inactiva aprobada, Borjas Romero explicó al abordar tribuna al momento de la discusión del dictamen, que la libertad de expresión es una pieza clave para el desarrollo democrático de una sociedad.
“A pesar de vivir en uno de los estados más seguros del país, no podemos bajar la guardia, por lo que con este dictamen actuamos con firmeza, a favor de asegurar que la fuerza de la razón y la verdad prevalezcan por encima de la violencia y se castigará con todo el peso de la ley a quienes atenten contra los periodistas y su importante labor”, remató.
El dictamen fue aprobado por los 24 legisladores que acudieron a la sesión de este miércoles en el Congreso del Estado.
