En respuesta, la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Cervera Hernández de tratar de politizar un tema que nada tiene que ver con la legalidad, toda vez que se acordaron formatos que de inicio no permitieron que los funcionarios se pudieran explayar en sus respuestas.
Gracias al voto de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el punto de acuerdo fue aceptado para que ingrese al Pleno y sea debatido en una segunda lectura para una próxima sesión.
En su calidad de coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, presentó un proyecto de acuerdo, admitido por 13 votos a favor, 10 de la fracción parlamentaria tricolor y tres de Morena, y 11 en contra, de las otras cinco fuerzas políticas que integran la actual legislatura, para que el Congreso del Estado de Yucatán, a través del presidente de la Mesa Directiva, “dará vista a las autoridades correspondientes por los hechos y omisiones en que hayan incurrido los servidores públicos contemplados en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que, con motivo del Primer Informe de Gobierno, incumplieron con la obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas formuladas por los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Yucatán”.
En respuesta, Díaz Lizama alegó que el formato y calendario de la Glosa del Informe de Gobierno fue aprobado por la actual Legislatura, y este limitó el tiempo de participación de los funcionarios, señalando que el ejecutivo envió incluso a más funcionarios de los solicitados por el Congreso del Estado.
“Lo que aquí vengo a pedir es que seamos mesurados, que ya no sigamos abordando un tema en el cual la ciudadanía sanciona, el gobierno cumple, el gobierno trabaja y cumple la constitución presentando su informe y nosotros haciendo la glosa; ya lo que corresponde es trabajar, pero después queremos seguir exhibiendo cosas que en su momento se pudieron arreglar”, dijo.
Ante ello, Felipe Cervera recalcó que lo que se establece en el proyecto de acuerdo, es que existe una probable comisión de delitos, pero no es el Congreso del Estado quien define esa probabilidad, sin embargo, si se considera que pudo existir un ilícito la obligación, de acuerdo incluso al código nacional, es dar vista a las autoridades correspondientes, pedirles a las autoridades correspondientes que definan si hay o no algo que perseguir.
“Un acuerdo de glosa no está por encima de la Constitución Política del Estado, el formato de la glosa aprobado en febrero estableció únicamente la agenda y los horarios en los que los funcionarios vendrían a comparecer, no podríamos acordar en febrero lo que en diciembre se preguntó y se preguntó en diciembre porque así lo mandata la constitución; son dos cosas diferentes, una cosa son los tiempos para rendir respuestas de manera verbal y otras las respuestas por escrito que se deben rendir”, remató.
