En la jornada de hoy, se aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Marco Rodríguez Ruz (PRI) y Leticia Euán Mis (Morena), las modificaciones de la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, a la propuesta de Luis Borjas Romero (PRI), presentadas ayer; así como las de Movimiento Ciudadano a la iniciativa original.
Los cambios planteados por Díaz Lizama fueron, primero, que, respetando la Ley de Disciplina Financiera, se establezca en un artículo transitorio y no en el cuerpo del dictamen a discutir, el último párrafo del inciso K de la página 10, que establece que las obras públicas de los rubros señalados en incisos anteriores serán susceptibles de realizarse bajo el esquema del programa de empleo temporal, como está considerado en los lineamientos para el Plan de Reactivación Económica.
Segundo, el último párrafo de la misma página, que plantea que dentro de las acciones y obras a financiar por el empréstito a contratar, no podrá realizarse ninguna que rebase un porcentaje mayor al 5 por ciento el monto total del financiamiento, exceptuando la infraestructura de salud pública, a los proyectos de beneficio social que impacten de manera simultánea a los 105 municipios del interior del estado y a los proyectos productivos relacionados a las tecnologías de la información.
Tercero, en el párrafo segundo de la página 15, que en la Comisión Especial del Congreso estatal en la materia sea conformada por nueve diputados y no por cinco como se proponía originalmente, además de que se integre un representante de la Auditoría Superior del Estado y, por medio de invitación, a un representante del Ejecutivo estatal y de los sectores productivos y laborales.
Las modificaciones de Movimiento Ciudadano fueron, primero, que las obras y acciones derivados del financiamiento deberán contratarse a través de licitaciones públicas, excepto lo que indique la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.
Y segundo, para modificar el párrafo primero del Artículo Segundo de la Iniciativa original, para que la dispersión del crédito se rija por el documento de los lineamientos para el Plan de Reactivación Económica de Yucatán, presentado el 29 de abril del presente año ante el Congreso estatal.
En su turno, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) advirtió que en la propuesta de Borjas Romero se busca dar una preferencia a contratar personas de algún lugar específico o región, lo que puede violar los derechos laborales y humanos establecidos en la Constitución Política de México y la respectiva de Yucatán, porque se le impide participar en estos trabajos a cualquier persona de otra localidad, por lo que “se corre el riesgo de que algún ciudadano o ciudadana se inconforme”.
Lo anterior, referente al planteamiento de que las empresas que ejecuten las obras serán preferentemente yucatecas, al igual que la mano de obra sea de la localidad donde se ejecuta, para lo cual, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), después de escuchar las opiniones de Milagros Romero Bastarrachea (MC), Díaz Lizama y Borjas Romero, sugirió que, junto con la Secretaría General del Congreso local, se haga un análisis técnico para la viabilidad del tema.
Por otro lado, Rodríguez Ruz, al posicionar su voto en contra de la iniciativa del Ejecutivo, mencionó que hay otras opciones para generar dinero porque, derivado de las respuestas de los funcionarios públicos del Gobierno estatal, se dio a conocer que para obra pública en 2020 se tiene 1,308.5 millones de pesos para ejercer; así como en el rubro de educación, en un cálculo propio, se ha ahorrado alrededor de 100 millones de pesos en dos meses, al no haber clases en las aulas.
En el mismo sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, recordó que en 15 días iniciarán los trabajos para la construcción del tren maya que tendrá una derrama económica de 10 mil millones de pesos en obra pública que no pagarían los yucatecos, y en el estado se generaría 20 mil empleos en el sector de la construcción; además, el beneficio se extendería a 10 kilómetros a la redonda de los 21 municipios considerados en el proyecto.
Así mismo, recordó que en el 2018 se pagaban más o menos 447 millones de pesos anualmente a los bancos, en intereses, por los préstamos de 3 gobiernos anteriores y que, ahora, con los préstamos que la actual legislatura ya le ha autorizado al Ejecutivo, a partir del próximo año se pagarán mil 300 millones de pesos anuales y de aprobarse este nuevo crédito se pagarían mil 430 millones de pesos “es decir en 17 meses pasaríamos de 400 millones a 1430 millones de pesos anuales, reitero sólo de intereses”
En respuesta, Sánchez Roca declaró que la deuda por empréstitos de administraciones estatales anteriores es de 3,773 millones de pesos, con un pago anual de 396 millones de pesos y con el refinanciamiento se logró reducir el monto a 296 millones de pesos; al igual que cuando se termine el recurso del programa Yucatán Seguro, se calcula que se pague 178 millones de pesos, por lo que, de aprobarse el nuevo empréstito, el estado seguirá en semáforo verde por tener un endeudamiento sostenible, argumentó.
