Durante la sesión de trabajo de ese organismo del Congreso del Estado también se aprobaron un convenio limítrofe entre Mérida y Abalá por mayoría, mientras que por unanimidad, se avaló uno realizado entre el ayuntamiento de la capital yucateca y el de Tecoh.
Minutos antes del debate, el secretario general del Congreso local, Martín Chuc Pereira, explicó a los legisladores los límites y alcances del convenio pactado entre las comunas progreseña y meridana, además de poner a disposición de los legisladores de esa comisión.
Minutos antes de que se distribuyera el dictamen, el diputado de Morena presentó un oficio donde solicitaba que el asunto fuera desechado por parte de los miembros de ese organismo del Poder Legislativo, toda vez que presentaba diferentes inconsistencias que afectarían principalmente a los ciudadanos.
Al leer el documento, Candila Noh precisó que no se acreditaba un conflicto o discrepancia como lo pide el artículo 2 de la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales.
La solicitud fue puesta a votación por parte de la presidenta de esa se organismo, Karla Franco Blanco, los integrantes de esa comisión por mayoría desecharon la propuesta del legislador morenista por lo que se repartió el dictamen para que fuera discutido y votado en ese momento.
De nueva cuenta Candila Noh intentó disuadir a sus compañeros de legislatura de no aprobar el dictamen, toda vez que afectaría a los ciudadanos, pues a su parecer el tufo de intereses empresariales podría estar detrás de tal convenio.
“Son mil 200 hectáreas que se le quitan a Mérida y da tristeza que no entendemos que a los ciudadanos les corresponde, son terrenos de la ciudad de Mérida y considero que no deben estar en manos de ningún presidente municipal el destino de las tierras, ni de los regidores, sino debe estar en manos del pueblo para determinar si al pueblo le conviene deshacerse de esas tierras”, dijo.
En respuesta, la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, reconoció el trabajo de la Secretaría General porque se despejaron las dudas y se cumplieron con todos los trámites para validar este dictamen, que otorga certeza jurídica a los propios ciudadanos y los dueños de tierras en dichas áreas.
El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, explicó que una de las definiciones de conflicto, es “un conflicto de competencia, de jurisdicción, es un problema, una cuestión, una materia de discusión, y en un conflicto de jurisdicción evidentemente si lo estamos y vasta ver la distribución de los planos, si no hay una certeza, por supuesto que hay un conflicto”.
Agregó que lo que les corresponde como Congreso local, es concluir con la parte jurídica de este tema que lleva ya muchos años en análisis.
El diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, reconoció la necesidad de darle certeza al territorio, pero explicó que “también entra en este juego el tema de los intereses de la tierra, los inmobiliarios, que los hay, más aquí en Mérida”.
En la comisión, también se solicitó el proyecto de dictamen de cinco iniciativas que reforman la Constitución Política de Yucatán, para la cual también se distribuyó un cuadro comparativo con propuestas de la fracción de Movimiento Ciudadano.
En este paquete se encuentra la iniciativa que reforma el artículo 75 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en materia de temporalidad del nombramiento de consejeros, de la fracción Legislativa del Partido Acción Nacional, que promueve que este cargo honorario sea de siete años y no de dos, como está actualmente.
La iniciativa por la que se reforman las fracciones II y III del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, en materia de residencia, suscrita por el diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro, para elevar de seis meses a dos años el tiempo residencia en el estado, para recibir la calidad de ciudadano yucateco.
De la misma manera, se encuentra integrada la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 2 y primer párrafo del artículo 86, ambos de la Constitución Política del Estado, en relación a institucionalizar la perspectiva de género en el servicio público, signada por la diputada del PRI, Karla Franco.
Así como, la iniciativa que reforma el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, en materia de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, presentada por la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo; al igual que la iniciativa por la que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en materia de educación, promovida por el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo.
