Entrevistada vía telefónica, la senadora -quien militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- agradeció a quienes la han nombrado para abanderar una posible candidatura por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, aún tiene varios asuntos qué atender como representante popular.
“Tiene que ser algo muy bueno que mi nombre esté en los medios, que mi nombre aparezca en publicaciones o que haya empatía por él, eso quiere decir que hay ciudadanos que están atentos a mi trabajo y ciudadanos que le están dando seguimiento puntual a lo que he estado haciendo como senadora”, precisó.
Comentó que una virtual candidatura a la alcaldía de Mérida no es un tema de “querer o no”, sino de que los ciudadanos la consideren como una persona que pueda sacar adelante los grandes rezagos que tiene la capital yucateca.
“Tristemente lo que ha pasado en Las Américas donde tengo mi casa y he sido afectada también y lo que ha pasado en otras comunidades, ha sido falta de prevención, ha sido falta de cuidado, pero tampoco me extraña porque si el centro de la ciudad ha estado en ese estado durante tanto tiempo, me puedo esperar cualquier cosa de esta ciudad”, expuso.
Rechazó contar con un “capital político” en Mérida, toda vez que el apoyo ciudadano no debe ser visto como un “botín”, sino como una alta responsabilidad dentro del servicio público.
FIDEICOMISOS
Al exponer sus razones del porqué aprobó con su voto en el Senado la desaparición de 109 fideicomisos en todo el país, la legisladora federal explicó que esos mecanismos auxiliares no eran utilizados de manera transparente y que en muchos de los casos, el dinero que se les inyectaba no era erradicado.
Explicó que buscó realizar varias reservas en la votación en el Senado, sin embargo, tras un análisis del estado y de cómo se manejaban estos fideicomisos se percató que la misma ley garantiza a sus beneficiarios que puedan seguir contando con los recursos necesarios que esas figuras les dotaban de una manera poco clara.
Comentó que existían recursos en fideicomisos que contaban con 10 o 15 años en moverse o había enormes deudas como el caso del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) donde el Gobierno Federal arrastra una deuda superior a los 13 mil millones de pesos.
“Si nuestras leyes nos dan las garantías y tenemos las instituciones para que se haga la transferencia de los recursos, va a ser mucho más fácil dar un puntual seguimiento, además quiénes son los verdaderos atemorizados por esta situación, es decir, que los ciudadanos van a recuperar la rectoría de su recurso, quiénes son los verdaderos atemorizados, son los que están haciendo toda esta bulla”, finalizó.