Ante las proyecciones de una caída de la economía a nivel nacional y estatal, con la consiguiente pérdida de miles de empleos a causa de la pandemia por el Coronavirus, que pronostican firmas mexicanas e internacionales especializadas en finanzas, en Yucatán tenemos que actuar de manera extraordinaria e inmediata antes de que la situación sea más profunda y ocasione un problema social irreparable que ponga en riesgo la seguridad del estado, manifestaron autoridades estatales durante una reunión de trabajo, que se desarrolló de manera virtual, con diputados del Congreso del Estado.

 Legisladores federales yucatecos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac)  la aplicación de una medida cautelar para que se interrumpa la distribución de cartas enviadas a empleados del sector turístico y restaurantero de Yucatán, que reciben apoyos del gobierno del Estado con motivo de la contingencia por el Covid-19.

En la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la diputada Silvia América López Escoffié aseveró que el suicidio debe ser atendido como un problema de salud pública que requiere de un diagnóstico global e identificar a las personas que están en riesgo de quitarse la vida.

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 185 Bis y el 358 Bis al Código Penal del Estado, para aplicar sanciones a quien agreda a personal de salud pública o privada.