En sesión ordinaria, legisladores locales aprobaron reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY) y a la Ley de Educación estatal que abonarán a la inclusión de personas con discapacidad, además de hacer obligatorio la presencia de trabajadores sociales desde educación inicial hasta la superior, ambas propuestas fueron impulsadas por el diputado del Partido  Nueva Alianza (Panal), Luis María Aguilar Castillo.

Observaciones superiores a los 70 millones de pesos al gobierno de Rolando Zapata Bello en el ejercicio fiscal 2017 y por más de mil 220 millones de 96 municipios marcados como negativos (39) , con salvedad (57) fue el resultado del proceso de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), entregó a legisladores del Congreso del Estado desde hace más de un mes, pero apenas comenzó a analizarse por la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia.

En la extensa jornada legislativa de este martes, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, aprobaron por unanimidad, las modificaciones al artículo 10 del Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY), para que el 3 por ciento de las plazas vacantes en el Ejecutivo estatal, sean otorgadas a personas con discapacidad, disposición que se extendió a los 106 municipios.

El análisis de los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán  (ASEY) dejaron más dudas que respuestas a los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, pues según los integrantes de ese organismo, no hay claridad en los estatus declarados de las entidades fiscalizadas, por lo que acordaron que comparezca el titular de ese organismo, Mario Can Marín, el próximo lunes a explicar las dudas de los diputados.