En entrevista, el legislador consideró que si bien, los cambios constitucionales son la base de lo prometido por el titular del Poder Ejecutivo, es necesario esperar las leyes secundarias para conocer los mecanismos de evaluación y de contratación de docentes.
“Al derogar ya no habrá la evaluación punitiva que tanto lastimaba a los maestros, aunque siempre habrá procesos de evaluación, transparentes, abiertos, como es el ingreso y el ascenso, también lo que debemos resaltar es que quedan muy claros los derechos que están estipulados en el artículo 123 apartado B que ahí quedamos los trabajadores de la educación”, ahondó.
Calificó como “positiva” la decisión tomada por 381 legisladores federales de la cámara baja del Congreso de la Unión e instó a realizar una campaña de información para todos los trabajadores de la educación tengan certeza de lo que este jueves se aprobó.
“Todavía faltan las leyes secundarias, que es donde vienen las precisiones, creo que donde no se toca mucho, es sobre educación media y superior, ni tampoco los trabajadores manuales y administrativo, que son también trabajadores de la educación y deben estar contemplados para buscar beneficios y certeza también”, explicó.
Descartó que los cambios aprobados por los legisladores federales sean un cheque en blanco para la venta de plazas como algunos sectores lo han manejado, pues se deberá esperar a la promulgación de las leyes secundarias donde se determinarán las reglas para la contratación y promoción de trabajadores en el sector educativo.
Finalmente, rechazó que la “revolución les haya hecho justicia”, toda vez que aún falta un largo trecho por recorrer para que existan mejores condiciones laborales y profesionales para los docentes del estado.
APROBACIÓN
Con 356 votos a favor, 61 en contra y dos abstenciones se realizaron cambios a la Constitución Política que echan abajo la reforma educativa promovida por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual fue una de las principales promesas de campaña del hoy titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
Los diputados federales de Yucatán que aprobaron el dictamen fueron los priistas Dulce María Sauri Riancho, Juan José Canul Pérez y María Esther Alonzo Morales; por Morena, Limbert Interián Gallegos y del Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Vidal Peniche.
Mientras que en contra lo hicieron, Elías Lixa Abimerhi y Cecilia Patrón Laviada, ambos del Partido Acción Nacional (PAN).
