Durante la décimo quinta reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados federal que encabeza el legislador yucateco del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rogerio Castro Vázquez, se aprobó por unanimidad, el cuarto informe semestral de actividades realizadas por ese organismo, el cual comprende el período del uno de marzo al 31 de agosto.
El encuentro dio inicio con un minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam quien fuera integrante de esta Comisión.
De acuerdo con el diputado de Morena, en dicho informe se desglosan las diversas iniciativas y puntos de acuerdos que fueron dictaminados por la Comisión; así como un recuento del rol de la Comisión en el Proceso de Designación de los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“En el informe también se da cuenta del manejo de los recursos del fondo fijo y el fondo revolvente mediante el cual el comité de administración de la Cámara de Diputados le asigna recursos monetarios para la realización de los diversos trabajos de la Comisión.
En este sentido, al 31 de agosto de este año, dicho órgano legislativo presentó ahorros de 205 mil 046 pesos en el manejo del fondo revolvente. Siendo dicha Comisión una de las más austeras en el manejo de los recursos públicos dentro de la Cámara de Diputados.
Detalló que de igual manera en la reunión ordinaria se aprobó el Programa Anual de Trabajo para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura
Además, apuntó, los diputados y diputadas que integran esa comisión propusieron diferentes actividades entre las que destacan las mesas de trabajo con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y la sociedad civil para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Indicó que también se planteó la entrega de Opinión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 en materia de transparencia y anticorrupción.
Finalmente, señaló se concretará la realización de la comparecencia con la secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González y se dará seguimiento a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y a los Sistemas Locales Anticorrupción.
Por unanimidad de votos fue aprobada en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el dictamen para reformar la Ley de Prestación de Servicios de Seguridad Privada del Estado, durante la sesión de ese organismo celebrada este viernes, en la Sala de Comisiones “Abogada Antonia Jiménez Trava” del recinto del Poder Legislativo.
Durante la sesión, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y vocal de ese organismo del Congreso local, Celia María Rivas Rodríguez, comentó que el objetivo de los cambios legales aprobados es modernizar el marco normativo de quienes prestan ese servicio.
“Se destaca la importancia que tiene la labor de los cuerpos de seguridad privada para preservar el ambiente y la seguridad de todos los que vivimos en Yucatán. Ellos son los primeros en responder al ser encargados de vigilar de manera directa las plazas y los centros comerciales, supermercados, estacionamientos, cines entre otros lugares donde a diario asisten un gran número de familias”, precisó.
Expuso que gracias al ambiente de paz y tranquilidad con la que se goza en el estado, miles de familias tienen la confianza de acudir a centros de reunión y plazas públicas por lo que al legislar en esa materia de complementa el trabajo de las fuerzas estatales.
“Es imprescindible que los sitios que visitamos cuenten con el personal de seguridad, capacitado y con el perfil idóneo para hacer frente de manera eficaz a cualquier eventualidad que pueda presentarse”, dijo.
Detalló que el dictamen que fue avalado se determina que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea la encargada de dar seguimiento a las empresas que prestan servicios de vigilancia y custodia desde la iniciativa privada.
“Asimismo, se propone incluir la obligación para las empresas que prestan el servicio de seguridad privada, de contar con un mínimo de empleados, así como el material y equipo necesario para prestar estos servicios”, indicó.
Durante la discusión, el vicepresidente de la Comisión, el panista Moisés Briseño, solicitó que las sanciones realizadas a las empresas que prestan servicios de seguridad pública sean publicadas en el Diario Oficial, en al menos dos periódicos de circulación estatal, además, en la página de internet de la SSP.
Luego de los destapes para puestos de elección popular de personajes como Francisco Solís Peón conocido como “Pancho Cachondo” por la Iniciativa Galileos, del panista Renán Barrera Concha y del secretario de general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bayardo Ojeda Marrufo, el diputado del sol azteca, David Barrera Zavala, opinó que tal situación pone en riesgo la conformación del Frente Ciudadano por México a nivel local.
En entrevista, el legislador local se manifestó respetuoso de los deseos de “Pancho Cachondo” y de Ojeda Marrufo de buscar ser quienes encabecen en Frente Ciudadano a nivel local pues consideró que primero se debe organizar un proyecto y después buscar nombres.
“Creo que el origen del Frente Ciudadano por México es que lo que queremos hacer es poner al servicio de la ciudadanía los partidos políticos, vemos las trabas que hay para ser candidatos independientes, creemos que lo que tienen que hacer los partidos políticos en el Frente, lo hemos dicho muchas veces, es ponerle nombre al proyecto, sentar las bases para lo que se quiere en Yucatán, Mérida, lo que se quiere para el país”, señaló.
Consideró que se están adelantando los tiempos por parte de liderazgos de las fuerzas políticas inmiscuidas en el Frente, lo cual pone serios nubarrones para que se consolide una alianza que enfrente los comicios del 2018.
“Pareciera que están lanzando candidatos para empezar a negociar, ese es el error, lo que hoy deberíamos negociar, lo que hoy deberíamos estar hablando es qué proyecto queremos para Yucatán, cómo vamos a generar mejores empleos para Yucatán, cómo vamos a dar un mejor impulso al campo, cómo vamos a rescatar la salud en Yucatán, cómo vamos a potenciar el recurso de seguridad pública”, finalizó.
Con la finalidad de que las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) no entren en crisis, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Marbellino Burgos Narváez, presentó una iniciativa de ley ante el pleno del Congreso local, con la cual además se garantizará que el gobierno no se atrase con sus aportaciones a la paraestatal.
En entrevista, el diputado local y ex dirigente de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), precisó que mediante la iniciativa se reforman varios artículos en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal
Indicó que el objetivo principal de esta iniciativa, es otorgar la certeza financiera esencial para el correcto funcionamiento del Isstey, la cual se puede alcanzar mediante dos reformas muy precisas, una de ellas es establecer un límite al monto máximo para los atrasos que, por el pago de aportaciones, el Gobierno del Estado y el resto de las entidades públicas puedan acumular.
Burgos Narváez mencionó que en esta iniciativa se propone que en ningún caso, las entidades públicas podrán acumular retrasos en el pago de sus aportaciones al Isstey que excedan en tres veces el monto del pago mensual total promedio del año anterior.
“Dicho reclamo lo haría el Isstey, en caso de que se trate de atrasos de pago del Gobierno local, directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a las participaciones que le correspondan a la administración pública estatal y que sean susceptibles de afectación conforme a la normativa federal y local vigente”, señaló.
De esta forma, dijo, se garantizará que nunca más el Gobierno del Estado se atrase en sus pagos al Isstey, con el correspondiente beneficio en el manejo transparente de los recursos y presupuestos públicos.
Manifestó que para dar plena certeza a las finanzas del Isstey, se establece la obligación del establecimiento de garantías de pago de los esquemas optativos y generales de préstamo a plazos, con descuento en nómina a los derechohabientes del Instituto, con el fin de estar en posibilidad de incrementar sus plazos y de hacer más competitivas sus tasas de interés.
El diputado precisó que en la iniciativa también se prevé establecer la obligación del Isstey, en coordinación con las entidades públicas, de procurar el establecimiento de mecanismos de garantía amplia y suficiente que aseguren que dichos pagos se realicen de forma efectiva.
“No existe una sola razón para no crear estas garantías, dado que el pago de dichos préstamos se cubre con los descuentos que se hacen directamente al salario del trabajador. Ésta es una urgente medida, de orden y transparencia, para una prestación social que es especialmente sensible entre la base trabajadora”, advirtió.
Agregó que la garantía de los pagos de los préstamos Isstey Plus permitiría hacer realidad créditos de hasta treinta y seis meses, en lugar del tope máximo de veinticuatro meses que hoy se tiene; garantizar que estos esquemas de créditos sean permanentes y no dependan de decisiones unilaterales del gobierno, de la burocracia o, hay que decirlo, de tiempos electorales.
Recordó que las aportaciones obligatorias al Isstey tienen un tope de ocho salarios mínimos y su simetría con el tope máximo de una pensión debe respetarse en todo escenario, por lo que consideró que la capacidad está en la capacidad, dentro del nuevo marco de manejo e inversión de sus recursos y con su nueva liquidez financiera, puede desarrollar esquemas optativos para aquellos trabajadores que deseen acceder a una pensión de hasta diez salarios mínimos, solo es cuestión de darle el mandato legal para hacerlo.
Por ultimo expresó, que se tiene la oportunidad de hacer lo necesario para mantener sanas las finanzas del Isstey, más allá de la voluntad o discreción de quienes encabecen la Administración Pública estatal.