La visita realizada al lugar despejó varias dudas de legisladores y especialistas sobre la sustentabilidad de la mega granja, sin embargo, dejó al desnudo que a la fecha, la empresa ha perdido más de 40 millones de pesos derivado de la cerrazón de grupos del lugar para que opere en la zona, así como un presunto intento de extorsión por parte de los cenoteros de la zona que según Enrique Ortiz García, uno de los socios de PAPO les exigieron 42 millones de pesos por dejarlos.
A la comitiva acudieron especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Diana Cabañas Vargas y Wilberth Trejo Lizama; el especialista del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Jorge Rubio Piña; y las investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mariana Álvarez Añorve y María Arena Ortiz.
Entrevistados por rompecabeza, el grupo conformado por varios investigadores de diferentes instituciones, coincidieron en señalar que bajo el esquema presentado por los empresarios, pudieron constatar que la granja no contaminaría al medio ambiente de la zona, empero, señalaron que es necesario medir las primeras descargas del moderno sistema de filtrado para comprobar al 100 por ciento, lo que en teoría se mostró en el recorrido de este lunes.
Los legisladores Silvia López Escoffié, Karla Franco Lugo, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro y Leticia Euán Mis, además de la diputada, Milagros Romero Bastarrachea, acudieron a la mega granja junto con un nutrido grupo de reporteros
En el lugar se encontraba Ricardo Díaz Montes de Oca junto con Enrique Ortiz y Mónica Guagnelli Martínez, responsable del proceso de saneamiento del agua y materia fecal emitida por los más de 30 mil cerdos que actualmente se encuentran en la granja, la cual, según los empresarios, se invirtieron más de 23 millones de pesos.
Durante su explicación a los legisladores, el empresario les detalló las partes que conformaban la planta desde el proceso de ingreso de los lechones hasta la alimentación que se les ofrece, la cual es totalmente orgánica.
Posteriormente, respondió una primera ronda de preguntas de los comunicadores, donde advirtió que una orden de desalojo, sin las medidas preventivas necesarias, podría ocasionar la muerte de al menos el 20 por ciento de los 30 mil cerdos que actualmente se encuentran en ese lugar.
La segunda parte del recorrido que realizaron los legisladores constó de una visita a la planta de tratamiento de agua el cual fue expuesto por parte de la especialista Mónica Guagnelli quien explicó los pasos que hacen que la granja sea la única del país que no contaminará las reservas hídricas de la zona gracias al proceso, filtra el agua contaminada que es utilizada para la cría de los cerdos hasta en tres ocasiones.
“Las granjas normales no tienen este tratamiento que es el aeróbio-anaerobio que quita el nitrógeno a los reactores y también le quita el fósforo que es lo que no quieren que lleguen a los cenotes”, abundó.
Al terminar el recorrido, el empresario Díaz Montes de Oca habló con los medios de comunicación donde fue cuestionado si no estaba arrepentido sobre la avalancha de problemas que se han suscitado por la intención de colocar una granja porcícola en ese municipio.
“Divididos de la siguiente forma, nos pidieron 3 millones de pesos por cada cenotero y eran 14, mandaron un emisario, no vinieron ellos, al yo estar seguro de eso mi conciencia está más que tranquila y la técnica que tenemos, la ciencia”, finalizó.
La vicepresidenta de esa comisión, Karla Franco Blanco, comentó que la visita realizada a la granja es parte de los trabajos que se realizan para conocer las acciones a seguir por parte de esa comisión por lo que aclaró que su actuar no concluye con el recorrido.
“Hemos ido de la mano con expertos, con escuelas, con las universidades, hoy estamos viniendo a constatar que lo que se nos presentó en el congreso del estado, sea acorde a la realidad, estamos viendo una granja que no está operando al 100 por ciento porque nos explicaban de todos los procesos, pero después de esta visita lo que sigue es sentarnos a revisar legislaciones y hacer un plan de contingencia, además de presentar el dictamen final al pleno”, ahondó.
Finalmente, comentó que se trata de sentar un precedente en torno al caso de Homún con el objetivo de mejorar los marcos legales y evitar lagunas que afecten tanto a pobladores en los municipios como a empresarios que busquen invertir en la entidad bajo el marco de la ley.
