Con la emergencia sanitaria se redujeron significativamente los ingresos y el nivel de vida de los ancianos; actualmente, menos de 20 por ciento de las personas en edad de jubilación reciben una pensión, precisa el organismo internacional, de acuerdo a datos de 2017.
En México, señala Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que aproximadamente 16 por ciento han sido sometidas a alguna forma de abuso, aunque existe un subregistro porque no todos los afectados denuncian.
Asimismo, según el más reciente Censo de Población y Vivienda, la población de 60 años y más pasó de 9.1 por ciento en 2010, a 12.0 por ciento en 2020, mientras que la población de cero a 17 años disminuyó de 35.4 por ciento a 30.4 por ciento en el mismo lapso. Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en el país que tienen 60 años y más.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, la mayoría de las personas mayores (47.9 por ciento) vive en hogares nucleares (con una pareja con o sin hijos solteros, o un jefe o jefa con hijos solteros), casi cuatro de cada diez (39.8 por ciento) residen en hogares ampliados (un núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas) y 11.4 por ciento conforman hogares unipersonales, es decir, viven solos.
Además, el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México señala que en 2020 se atendieron 863 casos denunciados por vecinos, familiares o de forma anónima. De esos, 32 por ciento fue por violencia psicoemocional, 31 por ciento por patrimonial y económica, 27 por ciento debido a omisión de cuidados y nueve por ciento relacionados con agresiones físicas. “Estos datos son tan sólo un reflejo de lo que ocurre dentro de los hogares en la capital de México. Pero no ha sido estudiado, aquello que se construye y normaliza socialmente”, establece Marissa Vivaldo, en el ensayo “15 de junio. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez”.
FORMAS DE VIOLENCIA
Empujones, golpes, amenazas, burlas, infantilización, encierro y discriminación, son parte de las formas en que se manifiestan el abuso y el maltrato a las personas mayores, acciones que están altamente normalizadas.
Quienes viven esta situación de manera cotidiana, en ocasiones son incapaces de percatarse de lo que padecen porque la consideran “natural”, lo mismo sucede cuando la violencia es ocasionada por personas con quienes tienen lazos de afecto, familiar o de confianza.
Es un problema social que existe en el mundo y, por lo general, no se notifica suficientemente. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato en la vejez, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad, establece la Organización de las Naciones Unidas.
La toma de conciencia en torno a esa grave problemática nunca había sido tan importante como ahora, pues la pandemia de la COVID-19 evidenció e incrementó su vulnerabilidad a sufrir maltrato y abuso al interior de los hogares y a nivel comunitario, incluso social, señala Marissa Vivaldo Martínez, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM.
Con la pandemia, coincide Casas Torres, se acentuaron las formas de discriminación para ese sector de la población.
NUEVOS TIPOS DE MALTRATO
Aunque el maltrato físico (golpes, sometimiento) es el que más se reconoce, existen otras clasificaciones. El común es el psicológico y emocional (desde la indiferencia, hasta gritos, amenazas, insultos, frases que desvalorizan como “nos estás quitando el aire” o “ya deberías estar tres metros bajo tierra”); el sexual, que, aunque no es tan frecuente se presenta; o el financiero, especialmente el despojo de propiedades, que está escalando cada vez más.
También existe el institucional, manifestado en la inexistencia, mal ejercicio e incumplimiento de las leyes o la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social. A eso se suma la negligencia y, en el peor de los casos, el abandono, explicó la experta de la ENTS.
Se suma la estigmatización de la cual han sido víctimas las personas envejecidas durante la pandemia: se profundiza la idea de que son frágiles, dependientes, incapaces y, en algunos sectores, se pone en duda el valor de su vida y su relevancia para el desarrollo de la sociedad. Estas formas de pensar atentan directamente contra lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, expresa en su texto Marissa Vivaldo.
Los principios de dignidad, autonomía, independencia, participación, autorrealización, cuidado y bienestar, seguridad, equidad e igualdad de género, buen trato y respeto a la diversidad cultural han sido violentados. A partir de un discurso de protección a la salud para evitar contagios, durante el último año se les ha excluido de espacios de participación y han surgido nuevas formas de maltrato y abuso que son normalizadas: “yo no le doy permiso de salir a mis papás”, es sólo un ejemplo.
Para la integrante del SUIEV “existen una serie de categorías que colocan a las personas que envejecen en mayor riesgo de ser maltratadas o ser víctimas de algún tipo de abuso. Es decir, ser mujer, indígena, afromexicana, vivir en pobreza, ser migrante, desplazada, padecer alguna enfermedad, tener alguna discapacidad, condición mental como la demencia, preferencia sexual distinta a la heterosexual, entre otras, ocasiona que se acumulen vulnerabilidades y se profundicen las desigualdades”.
Las mujeres, aclara Graciela Casas, tienen mayor esperanza de vida y una cantidad importante carece de una pensión contributiva. En la medida en que no incursionaron en el mercado laboral cuando llegan a la vejez no tienen acceso a la seguridad social, situación menos frecuente entre los varones. Eso las pone en una desventaja enorme.
Por desgracia, continúa, quienes más ejercen el abuso o el maltrato son los propios familiares, como las parejas, hijos, hermanos o nietos. Cuando una persona mayor empieza a tener condiciones de fragilidad es probable que el paso siguiente sea la dependencia física, económica, de cuidados, situación que trastoca la red primaria que es la familia.
De ahí la importancia de que existan políticas públicas que respeten los derechos humanos de las personas mayores. En la capital del país la recientemente aprobada Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México, pone énfasis especial en el derecho de este grupo etario a ser cuidado.
¿QUÉ HACER?
El Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 2021 debe ser una oportunidad para repensar aquello que sentimos, pensamos y, sobre todo, la forma en la que, como sociedad, estamos actuando. “Reflexionemos como personas, familias, comunidad, gobiernos, empresarios, comunicadores, tomadores de decisiones y como sociedad en general, sobre las nuevas formas de maltrato contra las personas mayores en las que hemos participado consciente o inconscientemente durante la pandemia”, considera Vivaldo Martínez.
Para prevenir el abuso y el maltrato en la vejez, opina Graciela Casas, lo primero es conocer y reconocer los derechos de ese sector: a la integridad, la dignidad, a vivir en entornos seguros, etcétera, que no son una concesión, sino que están establecidos en la ley.
También se necesitan políticas públicas. Debemos exigir servicios que permitan al anciano estar bien cuidado, protegido, en espacios adecuados. “Desde mi punto de vista lo que puede funcionar mejor son las casas de día para mayores, donde pueden estar atendidos, tener un soporte integral, es decir, alimentación, ejercicio y actividades adecuados, y con participación social, pero sin dejar el entorno familiar”.
Es obligación de las autoridades, de los gobiernos, respaldar las necesidades de las personas mayores. “No puede perderse la pensión no contributiva que a partir del próximo julio se entregará a partir de los 65 años; es un tema muy importante en beneficio de las personas mayores. Sabemos que no es suficiente, pero para muchos hace la diferencia”, subraya Graciela Casas. (Boletín de la UNAM)
