Luego de casi 40 años, la reforma a la Ley del Isstey permitirá garantizar las pensiones actuales y futuras de los trabajadores a fin de no poner en riesgo las finanzas del Estado, fijando acciones determinantes y encaminadas a conseguir un equilibrio entre los aspectos financieros, económicos y sociales, los cuales permiten una viabilidad financiera al sistema de pensiones actual y asegura las futuras pensiones de los trabajadores del Estado.
Es importante señalar que esta nueva propuesta no afecta a las y los jubilados que hoy gozan de una pensión del Isstey. Todos los jubilados y pensionados actuales seguirán cobrando su pensión como hasta la fecha. De igual forma es importante señalar que todo el personal activo con derechos adquiridos no tendrá afectación alguna con la nueva legislación.
La iniciativa de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado está compuesta por 137 artículos, los cuales se distribuyen en 9 capítulos: Disposiciones Generales, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado; Cuotas, aportaciones y patrimonio del Instituto; Prestaciones, Seguro de Servicio Médico, Prestaciones Sociales, Préstamos a plazos hipotecarios, Pensiones y Revisión de pensiones.
El diputado Crescencio Gutiérrez González (NA), aseguró que luego de muchas sesiones y reuniones de trabajo realizadas en el seno de la comisión especial creada para atender la situación financiera del Instituto, hoy se presenta una oportunidad histórica para aprobar un producto legislativo que cambiará la situación financiera, el sistema de pensiones y sobre todo garantizar el justo derecho de acceder a una pensión o jubilación.
En su turno, el diputado del PAN, Erik Rihani González, destacó que esta Ley está orientada en darle solidez al Isstey y dar certeza a las y los trabajadores jubilados y pensionados, así como refrendar las responsabilidades del gobierno para con ellos. Con esto, continuó, se dan las herramientas legales para que administrativamente puedan generarse los cambios en beneficio de los trabajadores.
En otro tema, se llevó a cabo la declaratoria correspondiente a la modificación en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de violencia de género y deudores, tema del cual a la fecha se ha recibido 97 actas de cabildo en las que se hace constar la aprobación de la reforma, lo cual será enviado al Gobierno del Estado para los efectos correspondientes.
Como se informó, en mayo se aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política del Estado en materia de violencia de género y deudores alimentarios, es decir, impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, puedan ingresar al servicio público en cualquiera de los tres órdenes de gobierno y/o pertenezcan en él.
Asimismo, la declaratoria correspondiente a la aprobación de la minuta de decreto expedida con fecha de 20 de abril, la cual contiene la modificación a la Constitución Política del Estado en materia de Inclusión del Derecho a la Ciudad. Se informó que a la fecha se han recibido 48 actas de cabildo en las que se hace constar la aprobación de la reforma.
Designación y toma de compromiso de magistrada y magistrado
Durante la sesión, se llevó a cabo la votación, designación y toma de compromiso de un magistrado y una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. En la lectura del dictamen, se dio a conocer que las ternas de candidatos presentadas por el Ejecutivo Estatal cuentan con los requisitos para ocupar el cargo, esto luego de que los aspirantes expusieron durante las reuniones de trabajo programadas, los motivos por los cuales deberían ser electos.
Con 17 votos a favor, se designó a Paloma de la Paz Angulo Suárez como magistrada y, con 18 votos a César Enrique Ferreyro Rosado. Posteriormente, los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso acompañaron a los candidatos electos para realizar la toma de compromiso.
Como parte de los asuntos en cartera, se aprobó por unanimidad, las propuestas de acuerdo en donde se establecen los criterios de evaluación y la metodología a seguir para dictaminar lo conducente respecto del titular del Órgano de Control Interno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del titular del Órgano de Control Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, presentadas por la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción.
Por último, se dio por concluido el quinto período extraordinario de sesiones.
