Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, una iniciativa propuesta por la bancada panista fue retirada por la coordinadora de los legisladores albiazules, Rosa Adriana Díaz Lizama debido a que toca temas relacionadas con los pueblos indígenas, los cuales tienen que ser consultados, acción que conlleva erogación de dinero el cual está carente en el Poder Legislativo.
Durante la sesión de trabajo de ese organismo, se abordó la iniciativa presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) mediante la cual se pretendía ampliar las atribuciones de la Comisión Permanente de Respeto y Preservación de la Cultura Maya, para que en sus sesiones se invite a participar a los representantes legítimos y libremente designados de las comunidades de ese pueblo indígena.
Sin embargo, se informó, tales atribuciones obligarían al Congreso del Estado a llamar a una consulta al pueblo maya la cual solo podría ser aplicada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) o por Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante un convenio de colaboración cuyos gastos de operación tendrían que ser pagados por el Poder Legislativo.
Ante la carencia de recursos, fue la propia coordinadora de los panistas, quien solicitó el retiro de la iniciativa para esperar un mejor momento -financieramente hablando- para que fuera discutida y en caso aprobada.
Investigaciones relacionadas por Rompecabeza establecen también que las cuotas que maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen con complicaciones presupuestales a ese poder del estado, pues si bien, a inicio de año se paga alrededor de 90 mil pesos mensuales por el servicio de energía eléctrica, el último recibo que llegó superó los 170 mil pesos.
La fuente explicó que tal incremento se debe a las tarifas que aplica la CFE y no a derroche alguno por parte de ese poder del estado que mantiene una política de austeridad debido a los recortes presupuestales.
Trascendió que de la misma manera se ha invitado a los diputados locales a no presentar exhortos en el Pleno del Congreso, pues ello representa un gasto para enviar el documento aprobado que en muchas ocasiones son a los 106 municipios yucatecos.
