Un grupo de 20 personas pertenecientes a la colonia San Antonio Kaua III, de Kanasín, se manifestó frente a la sede del Poder Legislativo para exigir que su asentamiento no sea incluido como parte de dicho municipio pues desde hace más de 40 años, ese lugar pertenece a Mérida, por lo que exigieron respetar su lugar de origen, toda vez que no fueron consultados.
Los inconformes llegaron alrededor de las 9 horas de este jueves, para exigir hablar con alguno de los diputados, sin embargo, los legisladores no tienen actividad hasta pasado el mediodía cuando sesionen dos comisiones permanentes.
En tanto, una comisión encabezada por el vocero de los inconformes de nombre Luis Escamilla fue atendida por el director jurídico, Miguel Ángel Ceballos Quintal, a quien según se supo le entregaron un oficio donde exponen su problemática.
Algunos de los manifestantes mostraron a este medio informativo diferentes recibos de predial y otros impuestos que los avala como vecinos de Mérida y consideraron que el pertenecer a Kanasín les traerá problemas, toda vez que es conocido que las autoridades de ese ayuntamiento tienen en pésimas condiciones a esa demarcación.
Tal es el caso de Paula Pacab Chan, quien enseñó a ROMPECABEZA una serie de recibos de predial que todos los años ha pagado a la comuna meridana desde hace más de 15, por lo que consideró injusto que ahora pretendan ubicarlos como si fueran de Kanasín.
“Nosotros somos de Mérida no de Kanasín, no queremos estar en ese municipio, toda la vida hemos sido meridanos, exigimos a los diputados que intervengan para que este atropello no se consuma”, finalizó.
En un atropellado encuentro con los medios de comunicación y con más dudas que respuestas, integrantes de la Mesa Directiva de una escisión de la Nueva Federación Estudiantil (NFU) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), dieron a conocer su plan de trabajo en voz de Rodrigo Rosado Barrueta, quien no negó su relación con el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf.
Al anunciar la formación de la otra agrupación paralela, Rosado Barrueta defendió utilizar el mismo nombre de la organización estudiantil a la que renunciaron por diferencias con la misma y negó que al usar la misma denominación y logo, confundirá a la comunidad estudiantil.
En conocido hotel de la capital yucateca comentó que la rueda de prensa tuvo un costo aproximado de tres mil 500 pesos, provenientes de fondos de los propios estudiantes, de una "coperacha".
Aseguró que decidieron formar la agrupación paralela, dado que los intereses de la anterior ya no cumplían con los valores de los universitarios.
Indicó que la nueva Federación Estudiantil de la UADY buscará el involucramiento de empresarios, catedráticos, funcionarios públicos, profesionistas de diversas áreas y todo aquel que esté interesado en apadrinar a un joven estudiante.
De igual forma, señaló que buscarán reforzar las actividades deportivas y culturales en toda la Universidad así como la conformación de un fideicomiso especial para apoyar a la comunidad de universitarios.
No obstante, al ser cuestionado sobre la posible afinidad de políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) o Revolucionario Institucional (PRI) en esta nueva organización, Rosado Barrueta intentó negar que alguno de los políticos intentase apadrinar este movimiento.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, los estudiantes mostraron un video con el que intentaron justificar el motivo de su salida de la NFU original.
Para muchos meridanos este pedigüeño es casi invisible, sin embargo, diariamente pide limosna a quienes todos los días transitan por la calle 60, a unos pasos de la Plaza Grande del primer cuadro de la ciudad, pues debido a su discapacidad no puede mantenerse por sí solo.
Integrantes de organizaciones sociales se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), para denunciar que el titular de ese organismo, José Enrique Goff Ailloud, no defiende los derechos de los menores, víctimas de maltrato en escuelas de la entidad.
Activistas pertenecientes a “La Voz de Mujer sin Voz”, Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) de Yucatán Ni una Más A.C. y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Codhey por la ineficacia e inoperancia de esa institución.
Paula Lira Moguel, presidenta de la Aepaf, aseguró que debido a omisiones dolosas por parte del ombudsman yucateco, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) provoca incluso enfrentamientos entre los mismos padres de familia.
“La Secretaría de Seguridad Pública acude a las escuelas a tratar de detener a los padres de familia que han interpuesto quejas, entonces ya esto sobrepasó los límites para que los padres puedan ver qué les sucede a quienes tienen la osadía de denunciar qué sucede en las escuelas”, relató.
Aseguró que existe un contubernio entre las mismas instituciones para “someter” a los padres de familia, con el objetivo de lograr captar miles de pesos que los tutores tienen que aportar a los centros escolares como parte de la reforma educativa.
En el lugar se encontraba la abogada litigante, Mirna Cortés Ortiz quien ha llevado el caso de un menor que fue objeto de maltrato en la Escuela Primaria Álvaro Obregón, de Xcanatún del cual se derivó una recomendación por parte de la Codhey que a decir de la litigante fue cumplida a medias.
Reveló que el pasado martes cuando se reintentaba reincorporar al menor a la escuela, luego de un largo camino legal, donde incluso se tuvo que recurrir al amparo, fue objeto de agresiones por parte de padres de familia del lugar provocadas por docentes de la escuela quienes con información dolosa arengaron un hecho que terminó en violencia.
“Lo que ellos hicieron fue una venganza porque su mamá interpuso una queja ante la Codhey y ésta tardó casi tres años para emitir una recomendación, la hizo tibia y al día de hoy pretende darle cumplida la recomendación a la Segey”, explicó.
Por su parte, la activista Adelaida Salas Salazar aseguró que es evidente un contubernio entre el gobierno estatal y el ombudsman, toda vez que los resolutivos del organismo son aletargados de manera intencional para favorecer a las autoridades.
“No es posible que tres casos que tienen de niñas donde claramente les ha violado sus derechos humanos ya los den por cerrados, de otros casos que tenemos de mujeres son igual”, finalizó.