Muerte de Javier Valdez debería servir de "inspiración y empuje" al gobierno mexicano para terminar con la impunidad, señala el editorial del diario.
“La vida y muerte de este valiente reportero (Javier Valdez) debería servir como inspiración y empuje para que el gobierno emprenda las reformas necesarias para terminar con la impunidad que permite a la ilegalidad del país florecer”, pugnó el diario The Washington Post.
En el editorial publicado este domingo, titulado En México literalmente están matando al periodismo, el rotativo condenó el homicidio del cronista sinaloense, quien fue ultimado en Sinaloa el pasado lunes.
Autoridades estadounidenses detuvieron en Tucson, Arizona, a Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés Elías, y a su esposa Mónica Robles Manzanedo.
Ambos se encontraban prófugos de la justicia y eran considerados como la “mano derecha” del ex mandatario estatal, quien está preso por haber incurrido en actos de corrupción.
La policía británica identificó como Salman Abedi de 22 años, hijo de refugiados libios, al responsable del ataque terrorista perpetrado en el Manchester Arena la noche del 22 de mayo, minutos después del cierre de la presentación de la cantante Ariana Grande.
22 personas murieron, entre ellas niñas y adolescentes, de las cuales se han identificado dos víctimas, Georgina Challander de 18 años y Saffie Roussos de 8 años, mientras que más de 50 se encuentran en estado grave aún.
Banamex USA (BUSA), subsidiaria de Citigroup Inc., pagará 97.44 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos, en un acuerdo para no enfrentar cargos vinculados a lavado de dinero.
El fiscal general Kenneth A. Blanco, de la División de Delitos del Departartamento de Justicia, anunció que la institución bancaria con sede en Los Ángeles, California, aceptó haber cometido violaciones penales al no mantener un programa efectivo de políticas contra el lavado de dinero.
Citigroup no enfrentará cargos penales como parte del acuerdo en el que BUSA reconoció que no contó con los procedimientos y controles para evitar este ilícito, además de no presentar los Reportes por Actividad Sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés), a las autoridades competentes.