El presidente de la Comisión Permanente para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya, David Barrera Zavala, indicó que en Yucatán el marco normativo vigente en materia indígena, tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del pueblo maya establecidos tanto en la ley federal como local; así como en los convenios internacionales ratificados por México.
Al subir a la máxima tribuna del Congreso del Estado, el legislador del sol azteca, mencionó que como legisladores, “siempre hemos procurado el reconocimiento de las comunidades mayas, para garantizarles el acceso a la justicia en igualdad de condiciones”.
Indicó que al aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán y a la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán, se refrenda un compromiso con dichas comunidades.
Dijo que con estas adiciones a la ley, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de incluir en sus informes oficiales, un apartado de las acciones dirigidas a favor del desarrollo integral del pueblo maya.
Barrera Zavala dio a conocer que los principales aspectos de las reformas a la Ley para la protección de los derechos las comunidades mayas, se encuentra en establecer que los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia en las regiones que tengan sede, deberán contar con intérpretes certificados por las autoridades competentes en la materia del conocimiento de la lengua maya.
“De igual forma, se establecerá dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, promover en todos los municipios yucatecos, el rescate, conservación y aprendizaje de la lengua maya”, expuso.
Parte importante de igual manera es establecer dentro de las atribuciones de los ayuntamientos, promover el respeto de los derechos de la diversidad sexual entre los integrantes de la comunidad maya.
Asimismo, comentó que se prevé que el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) deberá coadyuvar con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para la enseñanza de la lengua maya en todo el territorio yucateco.
Explicó que en lo que respecta el Sistema de Justicia Maya del Estado, se establecerán como nuevos requisitos para ser juez maya, tener la calidad de ciudadano yucateco y saber leer y escribir.
Como también respecto al proceso de elección de los jueces mayas, se contempla que las comunidades mayas, podrán si así lo consideran, contar con el apoyo del Indemaya, del ayuntamiento respectivo o del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), añadió.
“Con este producto legislativo fortalecemos el sistema normativo de nuestro pueblo originario a través de acciones concretas, que sin duda producirán resultados alentadores de manera inmediata”, concluyó.
Desde la máxima tribuna del estado, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa Abimerhi, denunció que los magistrados del Poder Judicial contrataron un despacho de abogados constitucionalistas para echar abajo la ley que retira el fuero a todos los funcionarios de los tres poderes y a los 106 alcaldes.
Al abordar la máxima tribuna del Congreso del Estado, en Asuntos Generales, el legislador reveló que luego de realizar una exhaustiva revisión, logró obtener el acta de la sesión celebrada el pasado 25 de mayo, donde los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional en contra de la ley que elimina el fuero.
“El 25 de mayo ni siquiera habían aprobado los ayuntamientos esta reforma, el 25 de mayo estábamos en total proceso legislativo, no se había publicado, el 25 de mayo no contaban con la información de qué era lo que estábamos debatiendo en el Congreso y ya habían acordado ir a la Suprema Corte”, denunció.
Comentó que en esa sesión, los magistrados del Poder Judicial fueron más allá al autorizarse que los gastos que generara la promoción del amparo para preservar ese privilegio, fueran a cargo del erario público.
“Están destinando presupuesto público para defender un privilegio que tienen, por cierto, también leímos que pretenden duplicar su presupuesto este año, usan el presupuesto para conservar sus privilegios, me parece una notoria contradicción, porque los gastos indispensables no es contratar un despacho especialista que radica en la Ciudad de México”, señaló.
Detalló que nueve de los abogados que están autorizados para llevar la controversia constitucional por parte del Poder Judicial del estado son integrantes de un despacho privado.
“Los especialistas de derecho constitucional de Yucatán están contratando a otros para representarlos, están representados por un despacho privado, por si se desea consultar el directorio es el bufete García-Jimeno”, detalló.
Finalmente, demandó al gobierno del estado a asumir una postura en torno a la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del estado la cual será resuelta por la SCJN dentro de seis días.
La licencia solicitada por la diputada por el Distrito IX con cabecera en Progreso, María Ester Alonzo Morales, al Pleno de la LXI Legislatura, fue aprobada por unanimidad, en la sesión de este viernes.
Abordada al finalizar, la legisladora local argumentó cuestiones personales para solicitar la licencia por tiempo indefinido y no para buscar algún puesto de elección popular.
“Son asuntos que tengo que ver en estas semanas, y espero estar fuera un breve tiempo para poder regresar, si así lo consideran los diputados del Congreso. Es decir, será algo temporal”, señaló la priista.
La representante popular no abundó en la razón de su licencia, cuando se le preguntó si se trataba por problemas de salud, como se ha especulado en los pasillos del recinto legislativo.
“Consideré que hay mucho trabajo en el Congreso, y hubiera sido hasta cierto punto irresponsable de mi parte estar faltando a las sesiones, sobre todo porque pertenezco a varias comisiones. Preferí dejar a mi suplente estas semanas en el cargo para darle trámite a todos los pendientes”, sostuvo Alonzo Morales.
Finalmente, la también ex alcaldesa de Progreso indicó que en breve tomará protesta su suplente Olga Abraham.
El Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPAC) requerirá información a cuatro medios impresos que publicaron encuestas desde el inicio el proceso electoral, reveló el secretario ejecutivo de ese organismo ciudadano, Hidalgo Victoria Maldonado.