Con la finalidad de que las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) no entren en crisis, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Marbellino Burgos Narváez, presentó una iniciativa de ley ante el pleno del Congreso local, con la cual además se garantizará que el gobierno no se atrase con sus aportaciones a la paraestatal.
En entrevista, el diputado local y ex dirigente de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), precisó que mediante la iniciativa se reforman varios artículos en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal
Indicó que el objetivo principal de esta iniciativa, es otorgar la certeza financiera esencial para el correcto funcionamiento del Isstey, la cual se puede alcanzar mediante dos reformas muy precisas, una de ellas es establecer un límite al monto máximo para los atrasos que, por el pago de aportaciones, el Gobierno del Estado y el resto de las entidades públicas puedan acumular.
Burgos Narváez mencionó que en esta iniciativa se propone que en ningún caso, las entidades públicas podrán acumular retrasos en el pago de sus aportaciones al Isstey que excedan en tres veces el monto del pago mensual total promedio del año anterior.
“Dicho reclamo lo haría el Isstey, en caso de que se trate de atrasos de pago del Gobierno local, directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a las participaciones que le correspondan a la administración pública estatal y que sean susceptibles de afectación conforme a la normativa federal y local vigente”, señaló.
De esta forma, dijo, se garantizará que nunca más el Gobierno del Estado se atrase en sus pagos al Isstey, con el correspondiente beneficio en el manejo transparente de los recursos y presupuestos públicos.
Manifestó que para dar plena certeza a las finanzas del Isstey, se establece la obligación del establecimiento de garantías de pago de los esquemas optativos y generales de préstamo a plazos, con descuento en nómina a los derechohabientes del Instituto, con el fin de estar en posibilidad de incrementar sus plazos y de hacer más competitivas sus tasas de interés.
El diputado precisó que en la iniciativa también se prevé establecer la obligación del Isstey, en coordinación con las entidades públicas, de procurar el establecimiento de mecanismos de garantía amplia y suficiente que aseguren que dichos pagos se realicen de forma efectiva.
“No existe una sola razón para no crear estas garantías, dado que el pago de dichos préstamos se cubre con los descuentos que se hacen directamente al salario del trabajador. Ésta es una urgente medida, de orden y transparencia, para una prestación social que es especialmente sensible entre la base trabajadora”, advirtió.
Agregó que la garantía de los pagos de los préstamos Isstey Plus permitiría hacer realidad créditos de hasta treinta y seis meses, en lugar del tope máximo de veinticuatro meses que hoy se tiene; garantizar que estos esquemas de créditos sean permanentes y no dependan de decisiones unilaterales del gobierno, de la burocracia o, hay que decirlo, de tiempos electorales.
Recordó que las aportaciones obligatorias al Isstey tienen un tope de ocho salarios mínimos y su simetría con el tope máximo de una pensión debe respetarse en todo escenario, por lo que consideró que la capacidad está en la capacidad, dentro del nuevo marco de manejo e inversión de sus recursos y con su nueva liquidez financiera, puede desarrollar esquemas optativos para aquellos trabajadores que deseen acceder a una pensión de hasta diez salarios mínimos, solo es cuestión de darle el mandato legal para hacerlo.
Por ultimo expresó, que se tiene la oportunidad de hacer lo necesario para mantener sanas las finanzas del Isstey, más allá de la voluntad o discreción de quienes encabecen la Administración Pública estatal.
La diputada Beatriz Zavala presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) una iniciativa para eliminar el reemplacamiento vehicular, y así evitar cobros excesivos a los yucatecos por razones recaudatorias.
Recordó que el PAN se opuso hace un año a la medida y que finalmente fue aprobada por la mayoría priísta.
“Desde el mes de diciembre el GGPAN advertimos que cientos de familias yucatecas sufrirían un golpe a su economía por el reemplacamiento”, dijo. Consta en actas que los panistas nos opusimos. A casi año de haber sido aprobado dicho cobro, es necesario aclarar que para los ciudadanos el argumento que utilizó el gobierno sobre que dicha medida se realizaría por motivos de seguridad, fue falso”, subrayó la legisladora panista.
Zavala Peniche alegó que el costo de las placas en este último proceso de reemplacamiento en Yucatán fue el más elevado en comparación de otras entidades. Agregó que existen incluso algunos estados que ya han eliminado este procedimiento; tal es el caso de Guanajuato, la Ciudad de México, y el Estado de México.
“Hay que ser claros, no es necesario el reemplacamiento para tener un registro confiable del parque vehicular en el Estado. Se pueden adoptar muchas otras medidas para saber cuáles vehículos están registrados para circular en el Estado; tal es el caso del refrendo, que se utiliza en muchos otros estados”, subrayó.
Recordó que el PAN fue la principal fuerza política en el estado que insistió en la eliminación total del cobro de la tenencia vehicular.
“El PAN se opone al reeemplacamiento como una medida innecesaria, que daña la sensible economía de las familias yucatecas”, dijo.
Zavala Peniche explicó que en realidad el reemplacamiento fue una medida recaudatoria. Por lo tanto, exigió a nombre de los legisladores panistas que el gobierno estatal dé cuenta a qué se está destinando ese recurso, pues “al ciudadano se le cobró mucho más que el costo de producción de la placa”.
Integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobaron por unanimidad, el dictamen para expedir la nueva Ley de Protección Civil del Estado, que armoniza sus normas con respecto a la ley nacional sobre el tema.
Según el Congreso del Estado, la legislación tiene por objeto establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de protección civil, así como con el sector público, privado y social, fomentar la cultura en este ámbito, al igual que las acciones de prevención y atención de emergencias y desastres.
Sobre este asunto, Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció la voluntad de los miembros de la comisión por respetar la autonomía municipal que ayudará a que en caso de presentarse un desastre natural, la acción de gobierno en todos sus niveles pueda ser más efectiva.
En su turno, Henry Sosa Marrufo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que Yucatán no ha sido ajeno a los avances legislativos en materia de protección civil pero requiere modernizarse para contar con una norma estatal a la altura de la realidad.
"Propone todo un sistema de protección civil, se reconocen los derechos fundamentales en la materia y se aclara las responsabilidades de las autoridades", destacó.
El presidente de la comisión, Daniel Granja Peniche, del PRI, informó que el dictamen aprobado será enviado a todos los diputados de la LXI Legislatura para su discusión y votación en una próxima sesión plenaria.
ESPACIOS PÚBLICOS
En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura fue distribuida entre sus integrantes la iniciativa para reformar la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollos Inmobiliarios, en materia de espacios públicos, de la cual también se solicitó a la Secretaría General elaborar un cuadro comparativo para su análisis en un próximo encuentro.
El presidente de la comisión, Enrique Febles Bauzá, del Partido Verde Ecologista de México, detalló que la propuesta parte de la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos que establece otorgar a los congresos locales un año para realizar la actualización estatal para garantizar espacios públicos suficientes a la población, que cumplan con las necesidades de cada zona habitacional, así como un mecanismo de participación ciudadana.
"Incluye también que las áreas verdes y equipamiento no puedan ser residuales para que los espacios públicos estén incluidos de manera integral en las zonas habitacionales", agregó.
En ese sentido, Manuel Díaz Suárez, del PAN recordó que la ley nacional también impulsa un enfoque de ciudades saludables, por lo que presentará una propuesta para que se faciliten sitios para fomentar la salud y la activación física porque es importante contemplar el cuidado del ser humano.
En la comisión estuvieron presentes alumnos de la escuela República de México, como parte de la apertura del legislativo para ayudar a la formación de las nuevas generaciones.
Luego de dar a conocer que ya fue inaugurada la primera etapa del local de la asociación civil “Amigos por la Vida”, la cual se dedica a atender a niños que padecen cáncer, la diputada local por el Distrito XI con cabecera en Valladolid, Marena López García, hizo un llamado a la sociedad en general a aportar su valiosa ayuda para esa iniciativa que apoya a menores que portan la mortal enfermedad.
En entrevista, la legisladora local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que durante años ha apoyado a esa institución que cubre los gastos de medicamentos y traslados de infantes con cáncer que resultan altamente costosos.
“Es una asociación que hemos apoyado desde hace muchos años con algunas aportaciones en los eventos que ellos realizan, a veces hacen bailes, a veces hacen kermes, hemos estado participando”, abundó.
Señaló que debido a que esa institución ya cuenta con instalaciones propias, realizó una donación que consistió en equipo de oficina y papelería en general para que sean utilizados en la administración de esa asociación civil.
“Estamos muy al pendiente de poderlos apoyar y de poder hacer las gestiones pertinentes para que ellos puedan continuar con las etapas, para que puedan poner el piso de su oficina y contribuir con un granito de arena para que ellos puedan seguir avanzando”, dijo.
Detalló que actualmente la asociación que cuenta con más de 8 años de existencia, atiende a unos 20 menores que portan la enfermedad y que debido a su situación económica no pueden comprar los medicamentos necesarios para su tratamiento.
“Invito a toda la sociedad a que se sume a estos esfuerzos que podamos apoyar, no solamente con las aportaciones económicas sino con el medio de traslado y también material de construcción para que este lugar pueda concluir su loable labor”, finalizó.