El diputado del Partido Verde Ecologista de México Enrique Febles Bauzá participó junto con los voluntarios de Econciencia, en la primera Feria de Econciencia de este ciclo escolar, para seguir fomentando en los niños, la educación, el cuidado y respeto al medio ambiente.
El colectivo Mujeres Todas presentó este miércoles un plan de acción con el que busca garantizar que el sexo femenino ejerza sus derechos políticos electorales que establecen la paridad en las candidaturas a puestos de elección popular.
En rueda de prensa, Dulce María Sauri Riancho, María Eugenia Núñez Zapata, Diana Canto Moreno, Marbella Casanova Calam, Malena Peón Vega, Rita Farjart Vázquez, Silvia Pino de Cortázar y Gina Villagómez Valdés, dieron a conocer la creación de ese colectivo y los objetivos que perseguirán durante el presente proceso electoral.
Al hace uso de la palabra, la activista Villagómez Valdés recordó que las reformas realizadas a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Yucatán, establece en forma “precisa y clara” la obligación de los partidos políticos de registrar mujeres en la mitad de las candidaturas a primer regidor, así como la alternancia de géneros en la conformación de las planillas.
Precisó que de la misma manera debe existir paridad en las candidaturas de legisladores federales y locales lo que garantizaría al menos que 829 mujeres tuvieran acceso a candidaturas como propietarias o suplentes.
Indicó que dentro de las líneas de acción de ese colectivo se encuentra constatar que los órganos electorales y los partidos políticos cumplan con la puntual difusión de los derechos políticos en la paridad electoral.
Detalló que colaborarán con las mujeres de todos los institutos políticos interesados en participar en los procesos electorales, además de vigilar que los derechos establecidos en la ley de paridad de cumplan cabalmente.
Finalmente, aseguró que asesorarán y acompañarán a las mujeres víctimas de violencia política que así lo requieran.
El diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rogerio Castro Vázquez , presentó una denuncia penal contra 5 consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), incluida la presidenta de ese organismo, María de Lourdes Rosas Moya, por el caso de nepotismo de la ex integrante Naybi Janeth Herrera Cetina.
Castro Vázquez charló con los medios de comunicación en la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de interponer la denuncia en contra de los cinco consejeros electorales que aprobaron la contratación de la hermana de Herrera Cetina para que fuera designada como jefa de Departamento de Archivo en esa institución.
Abundó que los consejeros denunciados son José Antonio Gabriel Martínez Magaña, Jorge Miguel Valladares Sánchez, María Patricia Isabel Valladares Sosa y la presidenta María de Lourdes Rosas Moya, quienes avalaron tal irregularidad el primero de enero del 2015.
Asimismo, en la querella solicitó que se investigue a Raúl Iván López Cárdenas, quien funge como secretario técnico del Comité del Servicio Profesional Electoral.
Explicó que a los consejeros Carlos Fernando Pavón Durán Antonio e Ignacio Matute González, no se les fincó responsabilidad debido a que el día que el Consejo Electoral aprobó el nombramiento de la citada funcionaria no acudieron por motivos personales.
“No queremos que se repitan estos casos de corrupción, sobre todo ahora que estamos en un proceso electoral debemos tener la certeza de contar con instituciones fuertes, donde con la democracia los ciudadanos puedan decidir libremente”, agregó.
Aseguró que el asunto no se trató de un error administrativo como lo ha manifestado la presidenta del IEPAC.
“Claro que no fue un error, es evidente que hubo colusión, que se pusieron de acuerdo, con esas declaraciones se enloda más la democracia”, insistió.
Señaló que tienen la sospecha de que los consejeros electorales se reparten las plazas en el IEPAC, y como “prueba fehaciente” está el caso de la hermana de Herrera Cetina, de nombre Claudia Iveth Ibarra, a quien se le colocó en un puesto en ese instituto.
Advirtió que los delitos que pudieron haber cometido los consejeros son cohecho, y colusión en perjuicio de recursos públicos, por eso la denuncia fue del orden penal y administrativo.
De igual forma, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados federal añadió que también los denunciará ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), toda vez que los recursos que fueron mal utilizados son del orden estatal.
“Esta denuncia también es una advertencia para los nuevos consejeros electorales, que sepan que Morena no va a permitir que se repartan plazas, o que sean cuotas a cambio de no sabemos qué”, concluyó el legislador federal.
El senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz, anunció las acciones legales que emprendió por el reemplacamiento que calificó el más caro del país, producto de una licitación “amañada” que comparó con otros estados de la República Mexicana como Nuevo León.
Sin embargo, los argumentos del legislador federal quedaron en entredicho luego que se pudo averiguar que fueron los propios diputados de su partido los que autorizaron en 2015, el precio de las placas, según consta en el diario de debates en poder Rompecabeza
En rueda de prensa, Ávila Ruiz anunció que presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) la denuncia correspondiente por presuntas irregularidades que se llevaron a cabo durante la licitación que favoreció a la empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.
Precisó que ante las supuestas irregularidades de la licitación pública número LIC-GEY-SSP-03/2016 también presentará un punto de acuerdo suscrito por nueve senadores y una legisladora federal en la Cámara Alta donde desnudará las supuestas anomalías.
“La convocatoria se hizo a modo para evitar la competencia de otros proveedores locales y nacionales, toda vez que el mismo día que se emitieron las bases, sólo se dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que compitieron tenía información privilegiada”, especuló.
Remarco que en la licitación pública para el reemplacamiento vehicular 2017 existe la presunción de una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de licitaciones, quienes actúan en impunidad.
Aseguró que tal situación constituye un perjuicio a la hacienda pública federal de cuando menos 66 millones de pesos y un sobre costos a los ciudadanos de Yucatán de 741 pesos, con lo cual el gobierno de la entidad obtiene ingresos por 55 millones 750 mil pesos.
Adelantó que durante los próximos días presentará más denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra los posibles actos delictuosos documentados en la investigación que realizó durante meses.
ORIGEN DEL AUMENTO
Durante el encuentro con los medios de comunicación se le cuestionó al senador si los diputados locales de su partido no tenían responsabilidad alguna sobre el tema, toda vez la que aprobación de cualquier incremento en los impuestos y derechos que cobra el Poder Ejecutivo debe ser avalado por el Congreso local.
El senador contestó de manera tajante que sus compañeros de partido no tenían responsabilidad alguna, toda vez que los siete diputados del PAN habían votado en contra del reemplacamiento.
Sin embargo, de acuerdo con el diario de debates del Poder Legislativo con fecha 11 de diciembre del 2015, deja en evidencia la verdad a medias que respondió Ávila Ruiz toda vez que en esa fecha los 24 de los 25 legisladores del Congreso local avalaron el incremento en el costo de ese derecho, sólo la legisladora Jazmín Villanueva Moo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su momento emitió su voto en contra de la modificación del artículo 49, que habla de la dotación canje, reposición y baja de placas de circulación, lo cual abrió la puerta al cobro “excesivo” denunciado ahora por el senador panista.